Enviados a la cárcel venezolanos que atacaron a dos hermanos en Trinidad Casanare, dejando una muerto y otro herido.
Claudia Villada
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Dos migrantes Venezolanos fueron privados de su libertad y enviados a un establecimiento penitenciario, acusados de ser los presuntos responsables de un homicidio y un intento de homicidio ocurridos durante una riña en el municipio de Trinidad, Casanare.
Los hechos, que culminaron en la muerte de un ciudadano, se registraron el pasado 20 de septiembre en una vía pública de la localidad.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, los señalados Járrison José Rodríguez Rodríguez y Yhovanny Smith Grimon Paredes habrían atacado inicialmente a un ciudadano con un arma cortopunzante. La víctima logró escapar de la agresión y recibir atención médica en un centro asistencial, salvaguardando su vida. No obstante, la situación escalaría rápidamente.
Alertado por lo sucedido, el hermano de la primera víctima se dirigió al lugar de los hechos para enfrentar a los presuntos agresores. Este acto de confrontación terminó de manera trágica. El hombre fue agredido brutalmente con un cuchillo y otro elemento contundente, sufriendo heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte en el sitio.
La reacción de la comunidad fue crucial. Ante el llamado de los testigos, uniformados de la Policía Nacional acudieron de inmediato y lograron la captura en flagrancia de Rodríguez Rodríguez y Grimon Paredes, impidiendo su fuga.
Posteriormente, la Fiscalía presentó a los dos capturados ante un juez de control de garantías. Les fueron imputados los delitos de homicidio, por la muerte del hermano, y homicidio en grado de tentativa, por el ataque al primer ciudadano. Frente a los cargos formulados, los procesados no aceptaron su responsabilidad. El juez, evaluando los elementos probatorios presentados, decretó para ambos la medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía emitió un boletín oficial detallando el caso, recordando que la situación judicial de los implicados está sujeta a la decisión final de las autoridades competentes, quienes deben resolver bajo los principios constitucionales de presunción de inocencia. El caso evidencia cómo una discusión inicial puede desencadenar una cadena de violencia con consecuencias irreparables para una familia y la comunidad.
