Imputado gerente de Ecopetrol, esta conducta podría acarrear penas de entre cuatro y ocho años de prisión.
Editor 
El expediente judicial no se limita al ámbito electoral. La justicia también investiga un presunto tráfico de influencias relacionado con la adquisición de un apartamento en un sector exclusivo del norte de Bogotá. La transacción habría involucrado la intermediación del coronel retirado Juan Guillermo Mancera.
Posteriormente, la empresa de Mancera, Gaxi SA ESP, obtuvo un contrato con la estatal petrolera. La Fiscalía destacó que dicha compañía contaba con una experiencia limitada en el sector al momento de recibir el contrato, lo que, según la investigación, levanta sospechas sobre un posible intercambio de favores.
La respuesta política fue inmediata. Diversos sectores del Congreso intensificaron los llamados para que Roa abandone su cargo de forma inmediata.
Legisladores como Juan Espinal y Jennifer Pedraza cuestionaron su permanencia, argumentando que el daño reputacional para Ecopetrol podría ser significativo en los mercados internacionales. Desde la oposición se advirtió que la situación ya no es una nota periodística, sino una vinculación formal a un proceso penal.
A pesar de la presión pública, Ricardo Roa mantiene una postura de rechazo absoluto frente a las acusaciones.
El directivo calificó el proceso como parte de una campaña de desprestigio y defendió la legalidad de todas sus actuaciones. En este escenario, cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro y de la junta directiva de Ecopetrol, dominada por el Gobierno nacional.
Por ahora, el ejecutivo se prepara para enfrentar la audiencia de imputación mientras el debate sobre el futuro de la presidencia de la petrolera estatal continúa en la opinión pública.
