¿Estrategia o admisión de culpa? El sorpresivo movimiento legal del alcalde Alejandro Ballesteros.
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Tras meses de disputas legales por un crédito de 20 mil millones de pesos. La administración liderada por el alcalde Hugo Alejandro Ballesteros Rivera presentó recientemente un oficio ante el juzgado donde admite haber cometido errores procedimentales durante la aprobación del endeudamiento, solicitando explícitamente que se dicte una sentencia anticipada para finalizar el proceso.
Este movimiento administrativo representa un cambio radical de postura, ya que anteriormente tanto la Alcaldía como una buena parte del Concejo Municipal habían defendido la legalidad de sus actuaciones frente a las demandas de nulidad presentadas por la oposición.
La admisión de la alcaldía se centra en el hecho de que el proyecto de acuerdo fue debatido y aprobado fuera del recinto oficial del Concejo, lo cual constituye una violación directa al reglamento interno de la corporación.
Para los sectores críticos, encabezados por el concejal Carlos Romero, esta celeridad solicitada por el mandatario no es un acto de transparencia, sino una maniobra táctica para cerrar el expediente actual lo antes posible. Existe la preocupación documentada de que el gobierno local busca la anulación rápida del acuerdo vigente para limpiar el camino jurídico e iniciar, eventualmente, un nuevo proyecto de endeudamiento que reemplace al que hoy se encuentra bajo la lupa de la justicia.
El conflicto ha dejado cicatrices profundas en la comunidad regiomontuna, que ha visto cómo el debate técnico sobre el presupuesto se transformó en una confrontación social que requirió incluso la intervención policial en sesiones pasadas.
Mientras la oposición exige que el Tribunal Administrativo de Casanare realice un examen de fondo que identifique todos los vicios del trámite y no solo el error admitido recientemente, la justicia ya ha ratificado medidas cautelares que mantienen el préstamo suspendido.
El futuro económico del municipio sigue atado a estos estrados judiciales, donde se define si el crédito firmado con el banco BBVA fue un acto de gestión o un presunto desacato a las órdenes que prohibían avanzar con el proceso de deuda.
