Exalcalde de Yopal responde a cuestionamientos por contrato con Catasig y el catastro multipropósito.
Claudia Villada 
El exalcalde de Yopal Luis Eduardo Castro convocó a una rueda de prensa acudiendo a un derecho a réplica ante los medios de comunicación, con el fin de entregar su versión de los hechos y donde presentó pruebas sobre la legalidad del catastro en Yopal
Castro sostuvo que la implementación del catastro multipropósito fue una respuesta necesaria a la crisis financiera de Yopal tras el cese del giro de regalías.
Según el exmandatario, la estructuración del proyecto no fue una decisión de última hora, pues tomó alrededor de dos años de trabajo previo con el Departamento Nacional de Planeación y el IGAC. Castro enfatizó que el presupuesto oficial fue verificado y avalado por entidades nacionales, puesto que los recursos fueron destinados a través de OCAD PAZ, lo que implica que pasó un riguroso proceso de verificación por entidades del orden regional y nacional para su aprobación antes de iniciar cualquier ejecución.
Respecto a las críticas sobre la ausencia de pólizas, el exalcalde citó el artículo séptimo de la Ley 1150 de 2007, argumentando que las garantías no son obligatorias en convenios interadministrativos de esta naturaleza.
El exfuncionario defendió la idoneidad de la empresa Catasig, señalando que el marco legal vigente permite contrataciones mediante convenios entre entidades del Estado para la gestión catastral.
Durante su intervención, cuestionó a la actual administración por realizar el giro del 20% de los recursos en febrero de 2024 sin haber presentado observaciones técnicas previas durante el proceso de empalme.
En este punto se le puso de presente que el pago había quedado aprobado desde antes que terminara su mandato, a lo que el exburgomaestre respondió, que el actual alcalde tenia la potestad, pero sobre todo el deber, de detener el pago si no estaban dadas las condiciones.
Castro explicó que la base catastral urbana fue entregada oportunamente y sirvió de soporte técnico para el endeudamiento municipal aprobado por el Concejo, debido al aumento en la expectativa de recaudo que permitiría sufragar este crédito; haciendo referencia al empréstito con el que inicialmente se pretendía construir una nueva sede para la Alcaldía de Yopal y las nuevas instalaciones para el colegio Centro Social, pero curiosamente ninguna de las dos ha sido posible llevar a cabo.
Para el exalcalde, el incremento desmedido en los recibos que se le expidieron a los ciudadanos no es consecuencia del nuevo avalúo, sino de la omisión del gobierno vigente al no ajustar el estatuto tributario ni aplicar los límites de protección previstos en la Ley 1995 de 2019.
El exfuncionario precisó que, si bien es cierto, se debe tener en cuenta que por más de 15 años no se actualizó el avaluó en el municipio y que al hacerlo el costo obviamente sube, también es cierto que la administración actual tenía el deber de racionalizar esos cobros de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente.
Sobre la precisión técnica del trabajo realizado, Castro reportó que de los 60,000 predios actualizados, apenas 734 presentaron errores que requirieron corrección, lo que representa un margen mínimo del 0.9 por ciento en la base catastral.
También denunció que la plataforma tecnológica entregada en su administración, fue presuntamente alterada y que los servidores de última generación dejados por su gestión no han sido aprovechados para interconectar las dependencias municipales.
Sería el Concejo Municipal quien debería mediante acuerdo establece la parametrización, cosa que no sucedió, señaló Castro, lo que influyó sobremanera en el desorden y la desinformación que siguieron a la implementación de las nuevas tarifas.
De acuerdo al decreto 1983 de 2029 en su articulo 2.2.2.5.5 le permite a los municipios crear su propios gestores catastrales y habilita a las entidades territoriales para constituir empresas industriales y comerciales del estado con recursos públicos, como es el caso de Catasig. por ende, según afirma el exalcalde, queda totalmente establecida la legalidad de la empresa.
El exmandatario concluyó solicitando a las autoridades una auditoría interna para esclarecer si existieron fallas intencionales en la parametrización del software por parte de la actual Secretaría de Hacienda.
Finalmente, defendió que su gestión buscó justicia tributaria para que sectores de alta valorización, donde casas de 2,000 millones de pesos pagaban apenas 7,000 pesos de impuesto, comenzaran a aportar proporcionalmente al desarrollo de la ciudad.
