Exalcaldesa de Aguazul y Exgobernadora de Arauca implicadas en red de corrupción de Aremca, que presuntamente saqueó casi medio billón de pesos de regalías.
Claudia Villada 
Un entramado de corrupción que compromete el desarrollo de las regiones colombianas salió a la luz tras la captura de nueve directivos de la Asociación de Municipios del Caribe, conocida como Aremca.
La Fiscalía General de la Nación reveló que esta organización habría direccionado irregularmente más de 496.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías entre los años 2020 y 2026.
Los judicializados cobijados con medida de aseguramiento intramural son, el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño Pastrana; las representantes legales y tesorera Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero; los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar; y Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado de actuar como enlace con terceros.
El esquema consistía en la firma de 101 contratos con diversas gobernaciones y alcaldías para luego subcontratar las obras con empresas de papel o firmas fachada, ignorando los requisitos legales de la contratación pública. Los procesados enfrentan cargos por delitos graves como concierto para delinquir agravado, prevaricato y peculado por apropiación.
Aunque los estatutos de la asociación limitaban su campo de acción a la región Caribe, el ente investigador detectó que extendieron sus actividades a departamentos como Arauca, Casanare, Cauca y Santander.
En el departamento de Casanare, la sombra de estas irregularidades recae sobre el municipio de Aguazul durante la administración de la exalcaldesa Johana Moreno, donde se entregaron contratos que superan los 40.000 millones de pesos.
Los efectos de estas decisiones administrativas se traducen en riesgos reales para la integridad de los habitantes debido a profundas deficiencias técnicas. Por ejemplo, en un proyecto de pavimentación valorado en 10.000 millones de pesos, se aplicó pintura que carecía de microesferas de vidrio, lo que anuló la visibilidad nocturna y provocó múltiples accidentes de tránsito con víctimas heridas de gravedad. Asimismo, en la zona rural de la vereda El Guineo, la inspección técnica detectó que el grosor de las láminas de acero en la cubierta de un escenario deportivo fue reducido sin justificación, creando una inestabilidad peligrosa para la comunidad.
Estas fallas, sumadas al pago de materiales eléctricos que nunca se instalaron, generaron un presunto detrimento patrimonial cercano a los 5.900 millones de pesos, mientras el líder cívico que denunció los hechos se encuentra bajo protección ante constantes amenazas contra su vida.
En el Departamento de Arauca, el ente acusador reveló un nivel similar de negligencia y falsedad en la gestión de recursos públicos bajo la administración de la exgobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo.
La Fiscalía imputó cargos a la exmandataria por el direccionamiento irregular de tres proyectos de alcantarillado y rellenos sanitarios por un valor de 91.542 millones de pesos. Las investigaciones permitieron establecer que la gobernadora designó a Aremca como ejecutora a pesar de que la asociación no cumplía con los requisitos técnicos ni estaba inscrita en el registro del Ministerio del Interior.
Para dar apariencia de legalidad a los proyectos, se utilizaron documentos de origen ilegal, destacándose el uso de un estudio topográfico elaborado por una persona que había fallecido ocho años antes de la estructuración del contrato.
Este posible actuar ilegal facilitó que terceros se apropiaran de recursos públicos por más de 40.327 millones de pesos mediante sobrecostos y el manejo irregular de anticipos.
Actualmente, la situación judicial tanto de la exgobernadora como de la Exalcaldesa permanece pendiente de resolución definitiva, bajo el principio de presunción de inocencia.
