Exdirectivos de Perenco acusados de financiar paramilitares para seguridad en pozos
Prensa
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El 9 de septiembre de 2024, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la resolución de acusación en contra de Antenor Sarmiento Delgado, exgerente de distrito de la petrolera Perenco, y Ramiro Pinzón Suárez, exsupervisor de tierras de la misma compañía. Ambos exdirectivos fueron señalados como presuntos responsables del delito de «concierto para delinquir agravado», conducta declarada de «lesa humanidad».
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Sarmiento y Pinzón habrían intervenido en reuniones y acuerdos con integrantes del «frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros» y de las «Autodefensas Campesinas del Casanare», grupos paramilitares que operaban en la región. Estos contactos ilícitos se habrían mantenido entre 1996 y 2005, con el fin de garantizar la seguridad de los pozos petroleros de la compañía Perenco a través de las estructuras armadas ilegales.
La Fiscalía indicó que los exdirectivos, en su calidad de representantes de Perenco, facilitaron y acordaron el suministro mensual de recursos económicos, combustible, transporte y alimentos a estos grupos paramilitares a cambio de protección en las zonas de operación de los pozos de extracción de crudo. Los acuerdos, que se mantuvieron durante casi una década, supuestamente tenían como objetivo asegurar el control territorial y evitar ataques contra la infraestructura petrolera de la compañía.
El proceso penal se sigue bajo la «Ley 600 de 2000», correspondiente al anterior Sistema Procesal Penal colombiano, lo que implica que los acusados podrían enfrentar penas severas dada la naturaleza de los crímenes imputados. Cabe señalar que el delito de concierto para delinquir agravado, vinculado a actos de lesa humanidad, implica que el caso no prescribirá, lo que refuerza la importancia del proceso judicial en curso.
El fallo de segunda instancia ha ratificado las acusaciones contra Sarmiento y Pinzón, quienes ahora deberán responder ante la justicia por su presunta participación en estos acuerdos ilegales que habrían sostenido las operaciones de los grupos paramilitares en la región.
