Exesposa de Roy Barrera llevara investigación de denuncia que de La Espriella interpuso contra Petro.
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La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y miembro del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, asumirá formalmente el proceso contra el presidente Gustavo Petro por las presuntas interceptaciones ilegales denunciadas por el candidato Abelardo De La Espriella.
Arizabaleta desempeñará el rol de investigadora instructora en este expediente que será sometido a reparto oficial el martes 6 de abril.
La acción legal se origina tras una denuncia presentada por Germán Calderón España, abogado de De La Espriella, que señala al mandatario y a funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia por la supuesta violación ilícita de comunicaciones.
El conflicto escaló luego de que el jefe de Estado mencionara públicamente la existencia de informes de inteligencia sobre diálogos entre el candidato presidencial y socios de la firma Thomas Greg & Sons relacionados con la licitación de pasaportes. Frente a estas afirmaciones, De La Espriella calificó los señalamientos como un montaje y un intento de intimidación basado en falsedades provenientes de un organismo estatal que considera infiltrado por la corrupción.
En un tono desafiante, el abogado retó al presidente a presentar las pruebas y transcripciones de dichas conversaciones bajo una condición definitiva: si los audios son reales, él renunciará a su aspiración política, pero si no existen, el mandatario debe abandonar su cargo.
Este no es el único frente legal que enfrenta el ejecutivo por estos hechos, pues Germán Rodríguez, senador electo de Salvación Nacional, también radicó denuncias ante la fiscalía general de la Nación y la misma Comisión de Acusaciones.
Rodríguez advirtió que estas supuestas prácticas de espionaje habrían ocurrido apenas un mes y medio antes de la jornada electoral, lo que añade una capa de urgencia a las verificaciones que ahora recaen sobre la representante Arizabaleta. Mientras el caso avanza en los pasillos del Congreso, la opinión pública observa un nuevo capítulo de tensiones institucionales donde la carga de la prueba se convierte en el eje central de la disputa política y judicial.
