Exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista condenado por «torcer» fallos judiciales junto a su compañera sentimental.
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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, a 7 años y 7 meses de prisión por los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión.
La decisión se dio en atención a las pruebas y argumentos aportados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación.
La sentencia contempla el pago de una multa equivalente a 160 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 91 meses. Adicionalmente, se dispuso que el exfuncionario judicial deberá cumplir la pena privado de la libertad en su lugar de residencia.
En el curso de la investigación liderada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia se estableció que Vargas Bautista no se declaró impedido ni advirtió un conflicto de intereses en dos procesos que llegaron a su despacho entre 2014 y 2018, en los cuales su compañera sentimental tenía intereses. En uno de los casos fungía como apoderada de un consorcio que demandó al Hospital Militar Central y en otro era asesora jurídica de los abogados que representaban a una sociedad agrícola en un litigio con la Superintendencia de Sociedades.
De acuerdo con la investigación, el exmagistrado coordinó con la mujer reuniones para definir los términos de las pretensiones elevadas por los demandantes, intervino para que el reparto fuera direccionado y los dos casos quedaran a su cargo, entregó piezas procesales y borradores, y dio lineamientos con el propósito de favorecer a su compañera a la hora de tomar decisiones.
Asimismo, acordó recibir el 25% de la sanción pecuniaria que impartió contra el Hospital Militar en uno de los fallos. Por orientar el otro proceso en beneficio de la sociedad agrícola, le fueron entregados un vehículo de gama alta y un apartamento.
La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
