Exministra Buitrago asegura que renunció por amenazas de Isabel Zuleta por tema allanamiento a cárcel de Itagüí.
Claudia Villada 
La Corte Suprema de Justicia inició una indagación previa contra la senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico, debido a una serie de presuntas irregularidades detectadas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
El magistrado Mauricio Lenis, presidente del alto tribunal, confirmó que este proceso se suma a otras tres indagaciones que ya cursan contra la congresista. La investigación actual busca determinar la responsabilidad de la legisladora en hechos relacionados con beneficios otorgados a cabecillas de bandas criminales que participan en acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.
Hechos que se evidenciaron con el sonado escandalo de la narco rumba realizada al interior de dicho establecimiento penitenciario.
El caso cobró relevancia tras conocerse la realización de una fiesta el pasado 1 de abril de 2026, en la que participó el cantante de vallenato Nelson Velásquez, violando todos los protocolos y reglamentos.
La Procuraduría General de la Nación también abrió un expediente para identificar a los funcionarios del INPEC que permitieron el ingreso del artista y la organización del evento por parte de los internos. La senadora Zuleta, quien funge como delegada gubernamental para los diálogos de paz urbana, se encuentra en el centro de la controversia por su rol en la gestión de estos espacios.
A la indagación por los festejos se suman graves señalamientos realizados por la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago. La exfuncionaria reveló que su salida del gabinete en mayo de 2025 fue consecuencia de presiones ejercidas por Zuleta para frenar operativos de control en el penal de Itagüí.
Según Buitrago, la congresista manifestó una fuerte molestia luego de que las autoridades decomisaran teléfonos celulares y otros elementos prohibidos a los reclusos durante un procedimiento de rutina en febrero de ese mismo año.
La exministra detalló que la senadora también solicitó el traslado de peligrosos criminales de la Oficina de Envigado desde otros centros penitenciarios del país hacia Itagüí.
Uno de estos movimientos se habría concretado bajo el argumento de que el procesado debía participar en las mesas de diálogo socio-jurídico en Antioquia. Buitrago aseguró haber informado sobre estas situaciones al presidente Gustavo Petro mediante una comunicación escrita, pero ante la falta de una respuesta oficial, decidió presentar su renuncia irrevocable.
Las autoridades competentes adelantan actualmente inspecciones disciplinarias tanto en la cárcel como en la dirección regional del INPEC en Antioquia. Estos procedimientos buscan recolectar evidencia sobre la presunta existencia de suites de lujo y construcciones ilegales de varios niveles dentro del centro de reclusión.
Mientras tanto, la justicia intenta establecer si las gestiones de la senadora Zuleta traspasaron los límites legales o si constituyeron una indebida interferencia en el sistema penitenciario colombiano.
