Prensa En una entrevista publicada en días pasados por el Canal Caracol, reveló un escalofriante caso de explotación y maltrato infantil en el país.
Según entrevista del canal Caracol, miembros de una banda delincuencial alquilan a niños migrantes para someterlos a mendicidad en las calles de diferentes ciudades colombianas.
De acuerdo al testimonio de un integrante de la organización criminal, prefieren utilizar a niños pequeños de máximo 4 años porque generan más lástima entre los transeúntes, bebés recién nacidos son los más apetecidos por estas bandas, ya que al ser tan indefensos sensibilizan fácilmente a las personas y aumentan considerablemente las ganancias de los captores.
Para controlar el llanto y malestar de los infantes, los drogan con sustancias psicoactivas como bazuco y ácido; incluso llegan al extremo de irritarles los ojos intencionalmente introduciéndoles los dedos, para que luzcan llorando y conmover a la gente.
Asimismo, no les proveen alimentos adecuados para que se vean desnutridos y deplorables al momento de pedir limosna en la calle y generar mas empatía con la gente
A los niños de más edad los obligan a memorizar frases lastimeras que deben repetir mecánicamente a los transeúntes con el fin de despertar lástima y aumentar las ganancias de esta mafia.
Cualquier alimento o juguete que la gente solidaria les entregue es desechado por los captores, pues sólo les interesa obtener dinero en efectivo.
Los pequeños son sometidos a extensas e intensas jornadas en la calle, sus verdugos sólo les suministran pequeñas dosis de drogas para que no decaiga el efecto y sigan produciendo dinero.
Según el testimonio, cada niño puede generar hasta $300.000 diarios, que se reparten entre los integrantes de la banda y los padres que alquilan a sus hijos para este vil propósito.
Ante estos aberrantes hechos que constituyen una gravísima violación de derechos humanos, surgen serios cuestionamientos sobre la efectividad de las autoridades como el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia para detectar y desmantelar estas redes de explotación infantil.
Expertos señalan vacíos legales que dificultan la judicialización de estos criminales, permitiendo que continúen traficando impunemente con la dignidad de niños y niñas en el país.
Se requiere una respuesta contundente del Estado para erradicar esta terrible práctica y garantizar los derechos de los menores vulnerables.
