El trabajo articulado entre fiscales de las delegadas para la Seguridad Territorial y para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional y la colaboración internacional de la Embajada de Estados Unidos y la Agencia Investigativa HSI, permitió la ocupación con fines de extinción de dominio de 9 bienes utilizados para la explotación sexual de menores de edad.
La delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, indicó: “Nos unimos las direcciones seccionales y la delegada para Finanzas Criminales e identificamos los casos de algunos adultos que presuntamente explotaban sexualmente a menores de edad. Por ello, los perseguimos hasta lograr la ocupación cautelar de los bienes que eran usados para realizar las posibles prácticas delictivas”.
Los bienes afectados, que consisten en residencias e inmuebles alquilados a través de aplicaciones para estadías cortas, fueron utilizados para cometer delitos contra la integridad y libertad sexual de niñas, niños y adolescentes. Estos inmuebles, valorados en 10.500 millones de pesos, están ubicados en Medellín y los municipios de Bello y La Estrella en Antioquia.
Las investigaciones penales adelantadas por fiscales de la Dirección Seccional de Medellín revelaron delitos como demanda de explotación sexual comercial de menores de 18 años, proxenetismo con personas menores de 18 años, acceso carnal violento y suministro de sustancias a menores.
En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía procesó a dos ciudadanos estadounidenses, un ciudadano chino y siete colombianos, logrando cuatro sentencias condenatorias de entre 14 a 19 años de prisión. Otros procesos judiciales se encuentran en etapa de juicio o a la espera de aprobación de preacuerdos.
Uno de los casos investigados involucró a Brando Seth Wood y Richard Vincent Opalinski, este último con 65 ingresos a Colombia, quienes contactaban a menores a través de redes sociales para encuentros sexuales. También se identificó a Luz Auxilio Patiño Mira, quien organizaba citas sexuales en su residencia, y fue sentenciada a 171 meses de prisión.
La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para identificar personas y predios donde se cometen estos abusos y aplicarles la extinción del derecho de dominio.