Fallo de Contraloría revela irregularidades en pólizas del camión compactador siniestrado en Yopal
Prensa
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La Contraloría Departamental de Casanare ha dado a conocer un informe revelador en el que se identificaron graves irregularidades en la gestión del camión compactador de basura que sufrió un accidente en la vía Yopal – Paz de Ariporo el pasado 17 de abril.
Según el contralor regional, el vehículo siniestrado, adquirido apenas un año antes mediante un empréstito, no contaba con pólizas de todo riesgo desde el 12 de diciembre del año anterior, lo que dejó desprotegido el patrimonio público del municipio.
El contralor regional explicó que, la falta de cobertura aseguradora representa un serio riesgo para los bienes del Estado, especialmente en caso de siniestros. «Es un deber ineludible de las autoridades mantener los bienes públicos asegurados para garantizar que, en caso de un accidente o siniestro, las pólizas cubran los daños y se evite un detrimento al patrimonio», señaló el contralor.
El informe también señala que, tras el accidente, el camión permaneció fuera de servicio durante más de cuatro meses, mientras el municipio continuaba pagando los intereses del crédito con el que se había adquirido el vehículo. Esto agrava aún más la situación, dado que el camión no pudo ser utilizado y tampoco estaba asegurado, generando un detrimento económico al municipio de Yopal.
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En respuesta a estas irregularidades, el concejal de Yopal, Leonardo Infante Tovar, presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría Regional de Casanare contra Judith Estela Velázquez, quien se desempeña como Agente Especial de la Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Yopal desde que la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de la empresa.
El concejal Infante Tovar argumenta que Velázquez, como responsable directa de la empresa, debe responder con su propio patrimonio por el detrimento patrimonial, estimado en más de mil millones de pesos.
Además, el concejal Infante señaló un elemento preocupante en su denuncia: al momento del accidente, la empresa presentó un contrato de seguros con fecha del 29 de abril de 2023, que según el concejal, no corresponde con los hechos, dado que la agente interventora asumió el cargo en octubre del año anterior. Más aún, la póliza de seguro presentada tiene fecha de expedición del 17 de agosto de 2024, lo que sugiere que podría haberse emitido retroactivamente para cubrir las irregularidades.
El contralor regional enfatizó que, aunque se trata de un accidente, la falta de pólizas de seguro en el momento del siniestro es una grave omisión que debe ser investigada. «En este momento, tenemos la certeza de un hallazgo fiscal y de un detrimento al patrimonio público, pero aún no hemos determinado las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados», afirmó.
Hasta el momento, la Procuraduría no ha emitido un fallo ni un comunicado oficial respecto a esta situación, y se espera que la investigación avance para determinar las responsabilidades de los funcionarios encargados de gestionar el seguro del camión compactador.
Este caso pone en evidencia la necesidad de una gestión más rigurosa de los bienes públicos y la importancia de la transparencia en la administración de la EAAAY, que desde que fue intervenida no ha parado de generar controversias en la opinión publica debido a las evidentes fallas en la prestación de los servicios.
