Familias de Torres del Silencio demostraron que no están dispuestos a dejarse engañar.
Claudia Villada
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La comunidad de Torres del Silencio, en Yopal, acudió masivamente a las instalaciones de la Alcaldía municipal, en una manifestación pacífica el primero de diciembre para exigir el giro inmediato de los subsidios de arrendamiento que les fueron prometidos tras su evacuación voluntaria.
Las familias, que dejaron sus viviendas a finales de octubre (alrededor del 28 o 29), denuncian llevar más de un mes fuera sin haber recibido el apoyo económico acordado para cubrir sus gastos de renta.
El incumplimiento genera particular preocupación, ya que los arrendatarios no conceden esperas y la llegada de diciembre agrava la situación económica de los afectados.
El subsidio, destinado a ayudar a las familias con una contribución de 350.000 pesos mensuales por un periodo inicial de tres meses, es un derecho adquirido en el marco del compromiso de la administración.
Eduardo Salcedo, líder de la comunidad, enfatizó que la evacuación fue un acto voluntario, un acto inedito que demostró la voluntad de los habitantes para llegar a la solución de esta tragedia que los afecta desde hace más de una década; cumpliendo la parte de la ciudadanía.
Según este líder social, la Administración municipal no agilizó los procedimientos a tiempo, pues «no creían que Torres del Silencio iba a evacuar». Esta falta de previsión llevó al actual retraso en el proceso de transferencia de recursos de la Secretaría de Hacienda al Fondo de Gestión del Riesgo.
El concejal Dumar Montaña calificó la situación como un «teléfono roto», indicando que las oficinas de Hacienda y Gestión del Riesgo se han «tirado la pelota» mutuamente, dejando a la gente a la espera.
La comunidad se siente engañada, ya que el director de Gestión del Riesgo les habría asegurado en una reunión previa en la Contraloría que el dinero estaría listo para ser pagado entre el 1 y el 10 de noviembre.
Tras la protesta y una reunión de concertación, la Administración municipal se comprometió a que la resolución para el giro quedaría firmada por el alcalde y entregada a Hacienda el mismo día, y que el dinero estaría disponible en el banco para su retiro a más tardar el viernes de esa semana.
No obstante, solo 144 personas de las 196 beneficiarias han completado la documentación requerida. La decisión de la oficina de Gestión del Riesgo es no «castigar a los más juiciosos», avanzando con el pago a quienes ya cumplieron con los documentos. La comunidad permaneció en la Alcaldía hasta que el documento quedara firmado y los funcionarios encargados dieron la cara afirmando que ya estaba el problema superado.
En cuanto a la demolición de las estructuras, tampoco se tiene claro cuando se iniciarán esta labores, que según el cronograma pactado por los involucrados debería comenzar la primera semana de diciembre, pero hasta ahora no hay nada definido, lo que deja intuir que pronto se volverá a manifestar masivamente esta comunidad.
