Desde la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se convocó a un paro indefinido a partir del 12 de junio, en rechazo al proyecto de modificación de la ley estatutaria en trámite en el Congreso. Con diversas actividades en todo el país, incluyendo una gran marcha en Bogotá, los profesores y profesoras buscan que el proyecto sea retirado.
En Yopal, el día de ayer 12 de junio, se realizó una asamblea general y hoy se llevará a cabo una marcha por las calles de la capital del departamento. Durante esta jornada, se presentará el cronograma de manifestaciones. Según Fecode, la decisión de declararse en paro se basó en la percepción de que se está violentando la esencia del derecho a la educación, previamente acordado por varios sectores en relación con la ley estatutaria.
Los sindicatos de maestros afirmaron que la jornada de cese no afectará a los estudiantes, ya que están a tres días de salir a vacaciones.
Juvenal Carrillo, presidente del Sindicato de Maestros de Casanare (Simac), explicó los motivos de los educadores del departamento para marchar por las principales vías de la ciudad en rechazo a las modificaciones propuestas en la reforma educativa. Confirmó que el paro indefinido convocado por Fecode continuará.
El directivo sindical detalló tres puntos importantes de la manifestación de los maestros. El primer punto es la transformación de la educación de un derecho fundamental atendido 100% por el Estado a una educación mixta atendida por el Estado y particulares. Según el sindicato, esta modificación desfinancia la educación pública, reduce los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades, y genera problemas para contratar personal administrativo y de vigilancia en las instituciones educativas.
El segundo punto es la reducción de la obligatoriedad del preescolar para niños de 3 y 4 años, lo que afectaría su desarrollo pedagógico. El proyecto de ley propone que el preescolar deje de ser obligatorio, limitando la educación pública a la transición. Según estudios pedagógicos, los años de 3, 4 y 5 son cruciales para el desarrollo del conocimiento en los niños, y su inclusión en la educación pública es esencial.
El tercer punto es la pérdida de autonomía institucional. Los sindicalistas del magisterio aseguran, que esto implicaría la imposición de guías del ministerio sin considerar las características regionales y las costumbres de la comunidad educativa. Además, se coactaría la libertad de cátedra, limitando la capacidad de las instituciones para decidir sobre su orientación educativa.
El proyecto de ley también introduce la posibilidad de utilizar vouchers o bonos escolares, lo que, según los maestros, podría reemplazar el financiamiento directo a las instituciones por bonos entregados a las familias para que sea el padre de familia quien decida donde educar a sus hijos.
Esta polémica se resolverá en el Congreso de la República, donde el proyecto está a un debate de ser aprobado. Cada punto tiene sus defensores y detractores y forma parte de un conjunto de normas que en su mayoría han sido aprobadas por consenso de todos los partidos.
Se espera que en los próximos días se llegue a una solución que beneficie a los niños y jóvenes, priorizando la protección del derecho a la educación, por encima de pretensiones políticas o sindicales.
