La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, exgobernador de Santander, por fallas detectadas en un contrato de 2007 que buscaba entregar juguetes a niños en situación de pobreza.
Aquel proyecto, valorado en más de 650 millones de pesos, se vio empañado por la falta de estudios técnicos y la ausencia de un censo real que identificara a los pequeños beneficiarios. En lugar de un concurso abierto, la administración optó por entregar el contrato a una fundación que carecía de la idoneidad necesaria para una tarea de tal envergadura.
El resultado final de esta operación dejó un vacío significativo tanto en los depósitos como en las expectativas de la población. De los 130000 juguetes prometidos para los municipios de Santander, solo se entregaron 36000 unidades.
Además, un incremento injustificado en el costo de cada regalo permitió que la entidad contratista se quedara con 416 millones de pesos, recursos que pertenecían al bienestar de los menores. Por esta razón, una fiscal ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exmandatario los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Esta situación judicial se suma al complejo panorama que rodea al clan Aguilar, una familia que busca mantener su peso político en el oriente del país. Hugo Aguilar ya carga con antecedentes por el escándalo de la parapolítica, mientras que su hijo Richard Aguilar, también investigado por casos de corrupción, recuperó recientemente su libertad por vencimiento de términos.
Precisamente Richard ha sido visto en Casanare buscando renovar sus bases de apoyo para futuros proyectos electorales. En ese departamento, logró atraer a una facción disidente del Partido Liberal qque se separó del grupo principal y a ciertos sectores del Nuevo Liberalismo que han decidido respaldar su causa política.
