La Fiscalía General de la Nación identificó a los presuntos articuladores de una red delincuencial señalada de realizar cobros por servicios de reciclaje en Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), que no se ejecutaron con la frecuencia reportada ni en las condiciones acreditadas ante las autoridades.
Los señalados son Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos, y la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare. Habrían entregado información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado.

Las dos sociedades no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento, ni con el personal requerido. Incluyeron nombres de habitantes de calle y recicladores para justificar toneladas inexistentes. Los documentos espurios fueron cargados al Sistema Único de Información (SUI), permitiéndoles recibir más de 6.829 millones de pesos en dos años por remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento.
Parte de los recursos habría sido destinada a la compra de vehículos de gama alta e inmuebles. También se detectaron ajustes ante la DIAN, simulaciones documentales y alteración de información para obstaculizar la justicia.
Un fiscal de la Seccional Boyacá les imputó los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y alteración de elemento material probatorio.

