Fiscalía desmantela red ilegal de hidrocarburos en Colombia, capturando a 14 personas y confiscando bienes por valor de 1,3 billones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional han llevado a cabo una operación conjunta para desmantelar un entramado ilegal relacionado con el robo, transporte y comercialización de hidrocarburos en Colombia. En total, 14 personas han sido arrestadas y llevadas ante la justicia, incluyendo a alias «La Mona», quien supuestamente tiene vínculos con el ELN en el oriente del país, así como a empresarios y administradores de empresas dedicadas al procesamiento y comercialización de petróleo crudo.

Simultáneamente a los procesos penales, se han incautado bienes valorados en más de 1,3 billones de pesos con el objetivo de proceder a su extinción de dominio. La operación, llevada a cabo por la Fiscalía a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, ha revelado la existencia de tres redes delictivas involucradas en la extracción, refinamiento, comercialización y transporte ilegal de hidrocarburos.

Inicialmente, en Girón y Barrancabermeja (Santander), se han detenido a cinco presuntos miembros de una organización acusada de apoderarse del crudo mediante la instalación de válvulas en el oleoducto Caño Limón – Coveñas, en Tibú (Norte de Santander), y coordinar su transporte en vehículos cisterna utilizando guías y manifiestos de carga falsos. Entre los detenidos se encuentra Albaneris Pérez Garavis, alias «La Patrona» o «La Mona», supuesta financiadora de las actividades ilegales y proveedora de grandes sumas de dinero a las estructuras del ELN que operan en la región. Los demás arrestados son conductores involucrados en eventos en los que transportaron combustible robado desde Norte de Santander hasta Cundinamarca y otros departamentos del país. Se les imputaron delitos como concierto para delinquir agravado, apoderamiento de hidrocarburos, receptación y, en el caso de alias «La Mona», financiación del terrorismo y delincuencia organizada.

Además, se ha descubierto la participación de varias empresas en esta cadena criminal. Estas compañías, desde 2021 hasta mediados de mayo del presente año, habrían utilizado su legitimidad legal y permisos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las cámaras de comercio para llevar a cabo actividades comerciales relacionadas con la instalación de plataformas de extracción de crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinamiento, y la comercialización de hidrocarburos. Estas empresas, según las pruebas recopiladas, estarían vinculadas estrechamente con las redes delictivas anteriores y aparentemente se utilizaban para dar una apariencia legal al combustible obtenido de manera irregular del oleoducto Caño Limón – Coveñas, procesarlo y comercializarlo en las costas del Caribe.

Tres personas han sido presentadas ante los jueces de control de garantías por su presunta participación en estas actividades ilegales relacionadas con las empresas. Los delitos imputados varían según la implicación de cada individuo e incluyen concierto para delinquir agravado, receptación de hidrocarburos y falsificación de documentos privados. Los investigados son Omar Enrique Morales Bobadilla, director financiero de una empresa petrolera señalado por preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo robado fuera apto para su comercialización; Maira Janeth Medina Flórez, representante legal de una empresa que supuestamente emitía documentación falsa para respaldar el transporte de combustibles; y Catalina Quintero Rincón, encargada de administrar y gestionar permisos, así como tramitar la documentación ante las autoridades estatales para adquirir químicos utilizados en la transformación del crudo para su posterior comercialización.

Por último, se han detenido a seis personas que formarían parte de una organización involucrada en la expedición de documentos falsos, el almacenamiento y transporte de hidrocarburos extraídos ilícitamente del oleoducto Caño Limón – Coveñas, en el área de los astilleros cerca de Cúcuta (Norte de Santander). Según la investigación, este grupo habría intervenido las líneas de transferencia en los pozos de explotación y extracción del crudo. Posteriormente, utilizaban vehículos cisterna para enviar el combustible a centros de acopio en Ocaña (Norte de Santander), Aguachica (Cesar), Barrancabermeja (Santander) y Madrid (Cundinamarca). A los seis detenidos se les imputaron delitos como concierto para delinquir, uso de documento falso y receptación de hidrocarburos.

En paralelo al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, ha confiscado 101 propiedades que formarían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos involucrados en el entramado ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos. Estas propiedades incluyen 9 inmuebles rurales y 15 urbanos, 37 vehículos, 7 embarcaciones, 18 sociedades y 15 establecimientos comerciales. Dichos bienes han sido objeto de medidas cautelares como la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Estas propiedades, valoradas en más de 1,3 billones de pesos, se encuentran en diferentes ubicaciones como Barranquilla y Galapa (Atlántico), Chivatá (Boyacá), Cartagena (Bolívar), Flandes, Espinal y Lérida (Tolima), Chía y Madrid (Cundinamarca), Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes.