
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medidas cautelares sobre dos oficinas de la empresa petrolera Perenco, de origen franco-colombiano, valoradas en más de $41.318 millones de pesos, aproximadamente 10 millones de dólares.
Los inmuebles, ubicados en un edificio del centro financiero de Bogotá, fueron asignados al Fondo para la Reparación de Víctimas, con el fin de indemnizar a afectados por el paramilitarismo en Casanare.
Esta es la primera vez que se aplican medidas de este tipo contra una empresa internacional señalada de financiar grupos armados ilegales en Colombia.

Según testimonios de postulados a Justicia y Paz, como Daniel Rendón Herrera y Manuel de Jesús Pirabán, Perenco habría proporcionado dinero, combustible y logística al Bloque Centauros de las AUC entre 1997 y 2005, a cambio de «servicios de seguridad» en sus operaciones petroleras.
La investigación, apoyada por el GAFILAT y autoridades como el CTI y la DIJIN, recopiló pruebas sobre contratos de explotación de hidrocarburos y estructura corporativa de la compañía, que tiene una importante operación en Casanare.
Perenco, que aún no se pronuncia públicamente, enfrenta uno de los casos más emblemáticos contra empresas acusadas de complicidad en el conflicto armado. Las autoridades no descartan nuevas acciones sobre otros activos de la compañía.