La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, tras hallar presuntas irregularidades en un convenio suscrito en 2012 para garantizar el servicio de restaurante escolar.
De acuerdo con la investigación, el entonces mandatario suscribió y permitió la ejecución de un convenio de cooperación celebrado con la Caja de Compensación Familiar del Casanare (Comfacasanare) para la prestación del servicio de almuerzos escolares, que beneficiaría a 62.825 estudiantes de 10 municipios.
El convenio, que ascendió a 18.294 millones de pesos, fue entregado de manera directa mediante un acuerdo de asociación, cuando debía gestionarse a través de licitación pública para garantizar la participación de otros oferentes, según la normatividad vigente.

La investigación estableció que Comfacasanare no contaba con la idoneidad, infraestructura ni capacidad técnica, operativa y financiera para cumplir con las obligaciones adquiridas.
En consecuencia, la entidad subcontrató la totalidad del objeto del convenio con la Unión Temporal Alimenta Casanare 2012, mediante un contrato de suministro por 16.694 millones de pesos.
La diferencia de 1.200 millones de pesos entre el valor del convenio y el contrato de suministro, sumada al reconocimiento y pago de rubros de legalización, contribuciones y pólizas por 794 millones de pesos girados a la caja de compensación, configuraron un presunto detrimento patrimonial.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó la imputación de cargos contra Mariño Velandia, quien no aceptó los cargos. La información divulgada se enmarca en los preceptos de presunción de inocencia consagrados en la Constitución y la ley.
Se espera que la investigación también vincule a las directivas de la Caja de Compensación, la cual a pesar de manear dineros públicos es una empresa privada.
