Fiscalía imputó cargos a exgobernadora de Arauca por presunto direccionamiento irregular de proyectos por más de 91.542 millones de pesos.
Claudia Villada 
La Fiscalía General de la Nación imputó a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, como presunta responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con el posible direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, por más de 91.542 millones de pesos. Las iniciativas contemplaban la construcción de la red de alcantarillado pluvial en el sector Playitas de Arauca y de las celdas dos y tres del relleno sanitario de Tame (Arauca).
En el curso de la investigación, dirigida por la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se conoció que, a través del Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces mandataria designó como ejecutora de las iniciativas, con sus respectivos contratos de interventoría, a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA).
La Fiscalía señala que esta asociación no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros provenientes de regalías, ni estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior.
Adicionalmente, se constató que los proyectos viabilizados no estaban en el plan de desarrollo de la Gobernación de Arauca ni figuraban inscritos en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías. Las evidencias también indican que, de manera consciente y voluntaria, en la fase precontractual y en las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos, la entonces gobernadora habría avalado documentos técnicos sin estar soportados por expertos, y en algunos casos expedido certificaciones y decretos con base en documentos falsos o de origen ilegal.
Uno de los documentos utilizados sería un estudio tipográfico elaborado por una persona fallecida ocho años antes, quien además no tenía título de topógrafo. Con el posible actuar ilegal, la hoy procesada presuntamente favoreció a terceros que se apropiaron de recursos públicos provenientes de regalías por 40.327 millones de pesos, representados en sobrecostos, apropiación de tributos territoriales y de altas cuantías de los anticipos.
Este resultado investigativo hace parte de las acciones priorizadas por el Grupo de Tareas Especiales creado para investigar los actos de corrupción que involucran recursos del Sistema General de Regalías.
Es importante señalar que, para el momento de la divulgación de esta información, la situación judicial de la exgobernadora se encuentra pendiente de resolver por la autoridad competente, bajo el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución y la ley.
