Fiscalía imputó nuevos cargos a exdirectivos de la UNGRD por presunta corrupción en millonarios contratos
Prensa
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La Fiscalía General de la Nación avanzó en la segunda fase de la investigación por un presunto esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que habría implicado la manipulación de contratos de gran magnitud.
En esta etapa, se presentaron nuevas pruebas que involucran al exdirector Olmedo de Jesús López Martínez y al exsubdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quienes se les imputaron múltiples cargos en relación con irregularidades contractuales.
Un fiscal especializado adscrito a la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a los exfuncionarios cargos por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Estos cargos están vinculados a diversos contratos de suministros gestionados entre 2023 y 2024.
Las investigaciones señalaron que los exfuncionarios habrían direccionado dos contratos por 574 millones y 4.333 millones de pesos para la compra de tanques de agua de 5.000 litros destinados a comunidades en La Guajira, favoreciendo a una empresa señalada por un funcionario de la UNGRD.
Además, la Fiscalía reveló que los exdirectivos habrían facilitado la apropiación de más de 12.065 millones de pesos mediante documentación presuntamente falsa relacionada con la compra de 40 carrotanques, en un contrato con la corporación mixta Yapurutú.
En un tercer caso, se investigan órdenes de proveeduría, por más de 10.106 millones de pesos, adjudicadas entre julio de 2023 y marzo de 2024 a una empresa representada por una familiar de la esposa de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. Estos contratos incluyeron la supervisión de carrotanques, maquinaria amarilla y volquetas para la atención de emergencias en varias regiones del país, en los cuales, supuestamente, se solicitó una comisión equivalente al 10% del valor de cada contrato.
Las investigaciones continúan para esclarecer el alcance de los hechos y posibles responsables adicionales.
