
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta participación en irregularidades durante la celebración de un contrato de prestación de servicios.
Los hechos se relacionan con la suscripción de un convenio a través de la empresa pública Ecovivienda, por un valor de 54 millones 285 mil pesos.
De acuerdo con la investigación, los trámites contractuales se iniciaron después de que una persona interpusiera una demanda de nulidad contra la elección del alcalde Krasnov. Dicha persona, quien además fue vinculada laboralmente, habría sido persuadida para desistir de su acción legal.
Los elementos probatorios indican que el mandatario habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para forzar la firma del contrato y la expedición de un documento que lo eximiera de responsabilidad.
El alcalde fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo. A Luz Mila Acevedo Galán y a Sara Catalina Pedraza Canaría se les imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de coautora y cómplice, respectivamente.
Un juez de control de garantías impuso medidas no privativas de la libertad a los tres procesados, a solicitud de la Fiscalía.