
La Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, revocó los beneficios de suspensión de órdenes de captura que tenían 31 representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acreditados como voceros en la mesa de diálogos de paz. La decisión fue tomada tras los recientes actos de violencia perpetrados por esta organización en el Catatumbo, que contradicen su compromiso con el proceso de paz.
Desde el 16 de enero de 2025, el ELN ha intensificado acciones violentas en el Catatumbo, generando una crisis humanitaria que ha afectado a la población civil, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Estas acciones, atribuidas por el propio ELN a través de declaraciones de sus líderes Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias «Antonio García», y Gregorio Manuel Pérez Martínez, constituyeron la base para la decisión de la Fiscalía.

La Resolución No. 00015 de 2025 establece que «el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos» llevaron a la reactivación de estas medidas.
Entre los integrantes del ELN con órdenes de captura reactivadas se encuentran figuras clave como Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista y Antonio García. Las autoridades judiciales, la Presidencia de la República y el consejero comisionado para la Paz fueron informados para actuar conforme a la resolución emitida.
Esta decisión también derogó las resoluciones expedidas entre 2022 y 2023 que suspendían las órdenes de captura de estos miembros del ELN para facilitar el proceso de paz.
Con esta medida, el Gobierno y las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a actos de violencia que contradigan los acuerdos y las condiciones de los diálogos de paz. Se espera que la reactivación de estas órdenes de captura refuerce la acción judicial contra los responsables de los recientes crímenes en el Catatumbo.