La jornada democrática celebrada en Colombia este 8 de marzo de 2026 se vio sacudida por una serie de operativos judiciales que pusieron bajo custodia a figuras políticas activas y exintegrantes de la fuerza pública. Según los reportes oficiales de la Fiscalía General de la Nación, las acciones se centraron en desarticular redes que amenazaban la transparencia del sufragio a través de presuntos vínculos con el crimen organizado y actos de corrupción directa.
Uno de los hechos más notorios ocurrió en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá, donde Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado de la República, fue detenido por agentes del CTI inmediatamente después de depositar su voto. Las investigaciones judiciales lo vinculan con un sofisticado engranaje de corrupción liderado por Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo, dedicado al favorecimiento del contrabando a gran escala. El expediente indica que Gómez Castro presuntamente utilizaba sus influencias para gestionar contactos en instituciones del Estado y la Rama Judicial, facilitando el movimiento ilegal de mercancías mediante el pago de dádivas económicas.


Este esquema criminal también alcanzó a antiguos miembros de la Policía Nacional, quienes fueron interceptados al salir de sus centros de votación en ciudades como Cúcuta, Armenia, Valledupar y Cali. Entre los capturados se encuentran José Luis Olaya Caicedo, señalado de reclutar uniformados para la organización, y Faudel Luis Salazar Piñeros, quien habría obstruido incautaciones en el puerto de Cartagena durante su etapa como jefe aduanero. Los implicados enfrentarán procesos por los delitos de cohecho y concierto para delinquir agravado.
Paralelamente, en Leticia, la captura en flagrancia de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara por Amazonas, marcó otro punto crítico de la jornada. El político fue sorprendido en las cercanías del aeropuerto local mientras intentaba sobornar a efectivos policiales con el fin de evitar el decomiso de 15 millones de pesos en efectivo que llevaba consigo. Aunque un juez le otorgó libertad condicionada bajo estrictas normas de comportamiento, el dinero permanece bajo control de las autoridades con fines de comiso.



El balance institucional de la fecha trascendió los casos de alto perfil, sumando un total de 19 capturas adicionales por irregularidades electorales como el constreñimiento al votante y fraude en departamentos como Antioquia, Tolima y Bolívar. Además, la vigilancia en las urnas permitió la detención de 18 ciudadanos que presentaban órdenes judiciales pendientes por delitos de gravedad, incluyendo homicidio y violencia intrafamiliar. A estos arrestos se añade la incautación de más de 2.369 millones de pesos realizada durante la semana previa, recursos que permanecen bajo estudio para determinar su relación con la financiación ilícita de las campañas.
