Fiscalía reportó cinco capturas por delitos electorales, 53 personas con orden vigente y ubicó a 52 desaparecidos durante segunda vuelta.
Claudia Villada 
Con el cierre de las urnas, la Fiscalía General de la Nación entró en una fase de verificación y profundización de las actividades investigativas respecto a las novedades presuntamente delictivas conocidas antes y durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio.
En el día se registraron cinco capturas relacionadas con el certamen electoral. Corresponden a un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta); un votante que trató de sufragar por otra persona en Inírida (Guainía); un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar); un ciudadano que sufragó dos veces, una de ellas por su pareja, en Medellín (Antioquia); una mujer que falsificó la credencial de un testigo electoral en Sincelejo (Sucre); y una persona que se presentó a votar con una cédula ajena en Aipe (Huila).
Adicionalmente, se abrieron 12 noticias criminales por posibles delitos electorales, las cuales serán revisadas para definir si los hechos constituyen algún delito.
Por otras conductas ilícitas fueron capturadas 53 personas que tenían órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos. Estos procedimientos se realizaron en Bogotá, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Atlántico, Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Santander, Casanare, Sucre, Magdalena, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Huila, Meta, Cesar, Chocó y Nariño.
Finalmente, los mecanismos de identificación y verificación permitieron ubicar en los puestos de votación a 52 personas que a la fecha estaban reportadas como desaparecidas. La mayoría de los casos se registró en Medellín (11), Cali (7), Boyacá (6), Magdalena (6), Huila (5), Norte de Santander (5), Caldas (4) y Bogotá (2).
Es importante señalar que, para el momento de la divulgación de esta información, la situación judicial de las personas capturadas se encuentra pendiente de resolver por la autoridad competente, bajo el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución y la ley.
