Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra exdirectivos de la UNGRD por desfalco de mas de 700.000 millones
Prensa
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La Fiscalía General de la Nación reveló la magnitud y los alcances de una organización criminal implicada en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Durante la audiencia ante el Juez 35 de Control de Garantías de Bogotá, se solicitó la medida de aseguramiento en centro de reclusión para los tres primeros judicializados: el exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia fundamentó la petición en sólidos elementos de juicio que demostraron la necesidad de la medida. Los cargos imputados a los acusados incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Según la fiscal del caso, los imputados tenían pleno conocimiento de sus responsabilidades en la gestión de recursos públicos y de las normativas de contratación pública. A pesar de la posibilidad de aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, se enfatizó la necesidad de la medida privativa de libertad para evitar que los procesados intenten manipular la evidencia.
La investigación revela la existencia de una banda delincuencial que direccionaba contratos de la UNGRD hacia contratistas específicos a cambio de millonarias coimas. López Martínez y Pinilla Álvarez habrían direccionado 21 órdenes de contratación por un total de 228.884 millones de pesos. Entre los contratos cuestionados se incluye uno firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques, con una defraudación estimada en 14.163 millones de pesos.
Otros contratos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024, fueron adjudicados a amigos de Pinilla Álvarez por un valor de 24.238 millones de pesos. Adicionalmente, se transfirieron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRD para ejecutar siete contratos.
Mientras avanza esta y otras investigaciones dirigidas a desarticular la organización criminal, el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá decidirá sobre la solicitud de medida de aseguramiento. La audiencia, iniciada el miércoles, fue suspendida y continuará el sábado 31 de agosto.
