Fiscalía y Oficina de Transparencia investiga a la UPTC por fallida elección de secretario en el Concejo de Yopal.
Claudia Villada 
El Concejo Municipal de Yopal y la Universidad Politécnica de Colombia UPTC sede Aguazul, se encuentran actualmente bajo una estricta vigilancia por parte de las autoridades nacionales tras el inicio de una investigación sobre el proceso de elección de su secretario general.
El actual presidente de la corporación municipal, Dainover Rodríguez Mariño, confirmó que el pasado 2 de enero recibieron una notificación oficial de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
Este requerimiento surge ante las presuntas anomalías detectadas en el concurso de méritos que se intentó llevar a cabo durante la vigencia anterior y que finalmente fue declarado fallido. La situación ha escalado a tal punto que la Fiscalía General de la Nación también ha iniciado sus propias indagaciones para determinar las responsabilidades en este caso que ha afectado la imagen de la institución.
La intervención del gobierno central se produce luego de las denuncias interpuestas por algunos Senadores de la República, específicamente por la senadora Martha Peralta, quien alertó sobre la falta de garantías en el manejo de las hojas de vida y los exámenes de los aspirantes.
Para la actual mesa directiva, este escenario representa un desafío institucional sin precedentes, pues es la primera vez que el Concejo de Yopal enfrenta un escrutinio tan directo de los entes nacionales y medios de comunicación de todo el país.
Rodríguez Mariño señaló que su responsabilidad ahora es responder jurídicamente a cada requerimiento para limpiar el nombre de la corporación y garantizar que el nuevo proceso de elección que se avecina cumpla con todos los estándares de transparencia que la ciudadanía y el Estado exigen.
Por su parte, el concejal Angelo Castellanos, quien presidía la corporación cuando estalló el escándalo, calificó como un acto de irresponsabilidad el hecho de que la institución educativa permitiera el robo o la desaparición de las pruebas de conocimiento aplicadas a los candidatos.
Esta pérdida de confianza absoluta en la entidad académica llevó a la mesa directiva anterior a ejecutar cláusulas de responsabilidad contractual, resultando en una liquidación del contrato en cero pesos, por lo que no se efectuaron pagos a la universidad por el proceso fallido.
