
El 21 de enero, varios comerciantes en Yopal fueron víctimas de una presunta estafa digital que resultó en el embargo de sus cuentas bancarias. El fraude se habría ejecutado mediante pagos con código QR, afectando a múltiples establecimientos comerciales de la ciudad.
Según uno de los comerciantes perjudicados propietario de una licorera, una pareja en motocicleta realizó compras por aproximadamente dos millones de pesos entre el 21 y 23 de enero. El hombre efectuó los pagos en ventanilla a través de la herramienta QR, mientras la mujer permanecía en el vehículo, aunque ambos mantenían comunicación constante. La transacción se procesó sin irregularidades, y la venta se completó con éxito.
Días después, al intentar realizar una transacción, el comerciante descubrió que su cuenta estaba bloqueada. Al acudir al banco, se percató de que otros negocios enfrentaban la misma situación. Al parecer, el origen del problema radicó en una investigación de fraude tras la suplantación de la cuenta bancaria, que originalmente pertenece a un funcionario de la Secretaría de Gobierno Departamental, a quien presuntamente le habían hurtado su teléfono móvil.
El funcionario afectado afirmó haber identificado a la persona responsable del hurto, pero los comerciantes señalaron inconsistencias en su versión. Aunque las compras con QR se realizaron durante tres días consecutivos, el funcionario no reportó la pérdida del dispositivo de inmediato ni solicitó el bloqueo de sus aplicaciones bancarias.
Pese a que los comerciantes entregaron pruebas, como videos de seguridad y registros de transacciones, llamó fuertemente la atención que el funcionario no interpuso una denuncia formal ante las autoridades; los comerciantes coinciden en manifestar que la omisión de la denuncia puede ser por vergüenza, o por evitar el escándalo que supondría aclarar donde y de que forma tuvo contacto con esta joven mujer, o que presuntamente otros funcionarios puedan estar implicado en esa hipotética situación.
Otro aspecto que generó preocupación entre los comerciantes fue la decisión del banco de embargar sus cuentas sin notificación previa, impidiéndoles pagar obligaciones y nóminas. Además, cuestionaron la legalidad de la medida, argumentando que ellos no participaron en la estafa y que la responsabilidad recaería sobre el titular de la cuenta suplantada.
Autoridades señalaron extraoficialmente que este tipo de fraudes se han vuelto recurrentes en la región. Se investiga la posible existencia de una red de mujeres jóvenes que establecerían vínculos de confianza con hombres de posición económica para luego hurtarlos y cometer estafas.
Los comerciantes afectados hicieron un llamado a la Secretaría de Gobierno Departamental y a las autoridades para que intervengan en el desbloqueo de sus cuentas y se eviten nuevas víctimas de este tipo de delitos; además se preguntan hasta donde llegan las competencias de una entidad bancaria para congelar las cuentas de una o varias personas, sin notificar a los afectados y sin tener opción de apelar esta medida.
Al intentar contactar al funcionario para conocer su versión de los hechos, este respondió que no podía atendernos y que brindaría una entrevista a los medios de comunicación durante el día. Sin embargo, desde entonces no ha respondido ningún llamado