Ganadero en Casanare denuncia que lo desalojaron de sus tierras compradas de buena fe, tras 20 años de trabajo honrado.
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Odilio Romero, un ganadero con décadas de trayectoria en el departamento del Casanare, enfrenta actualmente la pérdida de los predios La Conquista y La Laguna, terrenos que constituyen el patrimonio de su familia y el fruto de su trabajo constante.
Los afectados denuncian que se les está privando de su propiedad sin que exista una sentencia judicial definitiva, utilizando mecanismos administrativos que consideran injustos para quienes compraron de buena fe.
El pasado 11 de febrero, una comisión de la Agencia Nacional de Tierras ejecutó una orden de desalojo en la vereda La Lucha, en el municipio de Tauramena, mediante un operativo que los afectados califican como desproporcionado por el uso de la fuerza pública. La diligencia dejó a los propietarios en una situación crítica, obligándolos a buscar un destino para sus animales en un plazo de pocos días y bajo las duras condiciones climáticas del verano llanero.
La historia de estas tierras comenzó legalmente en el año 2006, cuando Romero adquirió las fincas a Sergio Enrique Guevara Mora, un cirujano reconocido que dirigía la única clínica en Villanueva para esa época.
En el momento de la transacción, el comprador verificó que los certificados de tradición no presentaran impedimentos y que el predio tuviera hipotecas vigentes con la banca comercial, lo que le otorgó plena confianza sobre la transparencia del negocio. Durante casi dos decenios, la familia Romero transformó pastizales enmalezados en una unidad productiva eficiente, financiando corrales, bodegas y cercas mediante créditos otorgados por el Banco Agrario.
La estabilidad jurídica del predio se quebró años después, cuando surgieron anotaciones judiciales vinculadas a procesos de Justicia y Paz. Según los testimonios de la familia, exmiembros de grupos paramilitares señalaron estas tierras como parte de sus activos para reparar a las víctimas del conflicto armado, a pesar de que los actuales dueños aseguran no tener ningún vínculo con actividades delictivas.
El impacto de esta medida ha trascendido lo económico para afectar la salud y la integridad del propietario original, quien hoy requiere atención especializada debido al agotamiento emocional que le produce ver su nombre asociado a entornos delictivos además de perder los bienes que ha trabajado incansablemente durante años.
Su hijo, profesional del sector agropecuario, sostiene que el Estado está creando nuevos desplazamientos al desalojar a productores legítimos para resarcir deudas históricas con otros sectores. Mientras la familia intenta agotar recursos legales como la tutela y denuncias ante la Defensoría del Pueblo, el ganado permanece en riesgo de quedar a la deriva, evidenciando una fractura entre las políticas de restitución y los derechos de los poseedores legales en el campo colombiano.
