El gerente del Instituto de Deportes y Recreación de Casanare (INDERCAS), Edwin Hernando Ramírez Rodríguez, ha sido formalmente demandado ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría por presuntas irregularidades en la celebración de contratos y un posible detrimento patrimonial.
La denuncia fue presentada por el ciudadano Jhon Jahir Cárdenas Barinas, quien alegó un incumplimiento significativo en la prestación de los servicios de vigilancia en los escenarios deportivos de Yopal.
El contrato por $90’701.520, adjudicado a la Compañía de Vigilancia del Casanare (COVICAS LTDA) y representado por Isabel González García, tiene como objetivo la custodia integral de los escenarios deportivos del municipio.
Dentro de las pruebas aportadas, se encuentra la factura de un pago emitido por un valor de $22,675,380, también un certificado emitido por Indercas, donde garantiza el cumplimiento del 100% de las obligaciones, pese a que la fecha de terminación es el 22 de noviembre.
El contrato del servicio de vigilancia para el escenario deportivo dice que debe ser las 24 horas, pero videos y fotografías tomadas en el Polideportivo Pier Lora Muñoz demostraron la ausencia del servicio de vigilancia durante horarios diurnos, lo que generó un riesgo para la seguridad de los usuarios, en particular de niños y adolescentes que frecuentan las instalaciones.
La denuncia también expone que las condiciones de infraestructura del Polideportivo son deficientes, con daños que comprometen aún más la seguridad. A pesar de estos riesgos, no se tomaron medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas que utilizan estas instalaciones deportivas.
El denunciante Cárdenas Barinas, sostuvo que el gerente de INDERCAS no realizó un control adecuado para supervisar el cumplimiento del contrato, lo que, a su juicio, constituye una falta grave en la administración de los recursos públicos.
Además, la emisión de una factura por parte de COVICAS LTDA a pesar de la evidente falta de cumplimiento de sus obligaciones contractuales pone en duda la validez de los reportes presentados.
El denunciante fundamentó su queja en la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal en Colombia, y señaló que tanto la empresa contratista como los funcionarios de INDERCAS podrían enfrentar sanciones legales y administrativas por su aparente negligencia en la gestión del contrato.
Este incumplimiento no solo podría constituir una irregularidad administrativa, sino que también podría representar un daño patrimonial para el Estado.
Por último, la denuncia insta a las autoridades competentes a investigar a fondo las presuntas irregularidades presentadas en este contrato, exigiendo que se rindan cuentas sobre el manejo de los recursos y que se tomen las medidas necesarias para restituir el perjuicio causado al patrimonio público.
Desde el pasado lunes se buscó obtener declaraciones de parte de la Gerencia del Indercas, sin que a la fecha se haya dado un pronunciamiento oficial, unicamente manifestando extramicrófonos, que realizará una mesa de trabajo con el contratisa, para solicitar la bitácora y las evidencias, al igua del informe de la persona encargada de supervisar este contrato.