Prensa Siguiendo la recomendación del Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), la máxima autoridad del departamento ha declarado la calamidad pública. Esta medida tiene como objetivo asignar y gestionar recursos ante el Gobierno Nacional para atender a más de 4 mil familias damnificadas.
Hasta la fecha, se han registrado 250 eventos, incluyendo 162 inundaciones, 56 movimientos de tierra y 32 vendavales. Estos desastres han afectado a 4.075 familias, causando daños en 13 puentes, dos víctimas mortales y 226 viviendas parcial o totalmente afectadas. Además, un sin número de kilómetros de vías han sufrido impactos negativos en los 19 municipios del departamento.
La situación se agrava debido a la persistente alerta roja por altos niveles en los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Meta, Pauto, Ariporo y Casanare. También existe alerta roja por alta vulnerabilidad de deslizamientos en los municipios de Aguazul, Chámeza, Monterrey, Recetor, Támara y Yopal.
Adicionalmente, las agencias internacionales advierten sobre la llegada de La Niña, un fenómeno que podría configurarse entre julio y septiembre, con graves repercusiones en todos los sectores.
En respuesta a esta situación, y siguiendo las recomendaciones del Consejo de Gestión del Riesgo, se ha firmado este documento que proporciona herramientas jurídicas para asignar y gestionar recursos. Guillermo Velandia, jefe de la Gestión del Riesgo en Casanare, informó que se han estado consolidando las emergencias y se está finalizando el plan de acción específico de la calamidad, que incluye ayudas humanitarias, recuperación de vías y puentes, y obras correctivas y prospectivas.
El decreto, el Plan de Acción y la solicitud de apoyo ya han sido elevados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
