Grave denuncia contra Interventor de Capresoca EPS por presuntas irregularidades en contratos.
Claudia Villada
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Una denuncia formal presentada recientemente ante múltiples autoridades de control reveló presuntas irregularidades en la gestión de Capresoca EPS, la cual apenas hace pocos días se anunció que continuará intervenida bajo el control de la Superintendencia de Salud, por lo menos hasta el 2026 según su propio comunicado.
El documento al que tuvimos acceso, y que va dirigido a la Contraloría General, Procuraduría y otras entidades detalló una serie de contratos considerados perjudiciales para el sistema de salud de Casanare.
Uno de los casos señalados fue el contrato 317 de 2025, suscrito con la empresa SEITRAN para transporte de pacientes.
Según la denuncia, el costo de este servicio alcanzaba entre 3 y 4.2 millones de pesos por usuario por un viaje ida y regreso entre los municipios de Casanara y su capital, mientras que un tiquete regular en el departamento no superaba los 90,000 pesos.
El esquema de transporte implementado consistía en el uso de busetas que recogían a todos los usuarios de municipios como Hato Corozal o Villanueva en la madrugada, regresándolos en un solo horario, en lugar de utilizar empresas locales con mayor capacidad y flexibilidad.
Si bien es cierto que la empresa contratada, al parecer tiene sede en Villanueva Casanare, según el denunciante se estarían utilizando buses de empresas de otros departamento, como la de Operaciones De Transportes Ruta Del Sol Sas empresa oriunda del departamento del Magdalena.
Otro punto crítico de la denuncia que llama fuertemente la atención, es el contrato 469 de 2025, firmado con una IPS Central De Especialidades Hospitalarias Y Quirúrgicas SAS, con sede principal en Riohacha Guajira para realizar mamografías y citologías.
El documento cuestionó esta decisión, señalando que Casanare contaba con instituciones prestadoras de salud que ofrecían los mismos servicios a tarifas menores. Mencionó como ejemplo que una mamografía en una IPS local costaba 202,000 pesos, mientras que el contrato con la IPS de otra región establecía un valor de 210,000 pesos.
La pregunta que se hace el denunciante es, porque escoger empresas de departamentos tan lejanos, y no los locales, además de que están generando un presunto detrimento patrimonial con exagerados sobre costos.
La situación más grave denunciada involucró a funcionarios de la EPS, incluyendo al agente interventor, a quienes se acusó de exigir un pago adicional, o el famoso “Peaje”, a los prestadores de servicios de salud para que pudieran recibir los pagos correspondientes a sus contratos.
Esta práctica habría generado alarma entre los proveedores médicos. La denuncia advirtió que estas situaciones representaban una amenaza para la sostenibilidad de la red hospitalaria local y solicitó a las autoridades una investigación inmediata.
