Un grupo de personas habitantes de calle, incluidas familias con niños y adultos mayores, fue desalojado de manera abrupta del sector conocido como El Pajonal, en Yopal. Según los manifestaron los propios afectados, uniformados de la Policía Nacional y funcionarios de la administración municipal habrían incinerado sus viviendas improvisadas, destruyendo todas sus pertenencias.
Los desalojados denunciaron que un grupo de persona, que al parecer son funcionarios publicos, llegaron al lugar con botellas de gasolina, ordenaron a los residentes abandonar los cambuches de forma inmediata y, sin ofrecer alternativas, procedieron a quemar las estructuras. Entre las pertenencias destruidas se encontraban ropa, enseres, materiales reciclables recolectados para su sutento y alimentos.
La Defensoría del Pueblo anunció una investigación sobre estos hechos, que vulnerarían los derechos fundamentales de las personas desalojadas. Según las normativas colombianas, los desalojos deben realizarse bajo procedimientos específicos, como el censo de los habitantes, la presencia del ICBF cuando hay niños involucrados, y la supervisión de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Personería.
Los afectados tambien señalaron que días antes del desalojo, un grupo de hombres armados y encapuchados, con acento extranjero, saqueó los cambuches, llevandose lo poco que encontraron de valor y agredieron físicamente a varios residentes. Según las denuncias, una persona resultó herida por arma de fuego y al dos más sufrieeron graves lesiones.
Uno de los habitantes de calle logró escapar de los agresores en el momento del ataque e informar a las autoridades, quienes capturaron a uno de los agresores que portaba un arma de fuego.
Los afectados también denunciaro que han sido testigos como presuntos integrantes del Tren de Aragua, patrullan distintos sectores de Yopal, como la Ciudadela la Bendición entre otros; los denunciantes aseguraron que grupos de motociclistas, al parecer integrados en su mayoría por migrantes, patrullan estos sectores con total impunidad; manifiestan que las autoridades no han tomado acciones contundentes frente a esta situación, a pesar de las constantes denuncias sobre la operación de este grupo delictivo transnacional en la región.
Líderes políticos de la región, algunos muy cercanos a la admnistración municipal como el concejal Leonardo Infante y el dirigente Nay González, han criticado fuertemente el manejo de la seguridad en Yopal. Señalan que las estrategias actuales para combatir el crimen, tanto común como organizado, han sido insuficientes y se han visto superadas por la delincuencia en el municipio.
Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre el procedimiento de desalojo, supuestamente realizado por funcionarios publicos; y pese a las pruebas, aun no aceptan oficialmente la presencia del Tren de Aragua en la región.