
Una preocupante escalada de acciones intimidatorias por parte de grupos armados ilegales mantiene en zozobra a varios municipios de Casanare. Durante la primera semana de agosto de 2025, se han intensificado la actividad de estas organizaciones, registrándose múltiples incidentes que incluyen la aparición de panfletos amenazantes, grafitis y mensajes en redes sociales dirigidos específicamente a comerciantes, transportadores y ganaderos de la región.
Aunque las autoridades han optado por minimizar la relevancia de estas estructuras criminales -incluso evitando mencionar sus nombres para, según argumentan, no darles publicidad-, la realidad que vive la comunidad es de zozobra. Grupos como el ELN continúan secuestrando personas y liberándolas a su arbitrio, mientras los esfuerzos institucionales parecen concentrarse más en controlar la información que llega a la opinión pública que en garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En Tauramena, las autoridades locales se vieron obligadas a emitir un comunicado conjunto el 6 de agosto tras la circulación masiva de panfletos en plataformas digitales.
El alcalde Javier Augusto Álvarez, junto al coronel Óscar Fernando Porras del Batallón Ramón Nonato Pérez y el intendente Didier Barrera de la Policía Nacional, alertaron a la población sobre estas tácticas de presión psicológica. «Estamos ante una clara estrategia de miedo y desinformación», señaló el burgomaestre, instando a los ciudadanos a mantener la calma pero permanecer alertas.
La situación se repite con variantes preocupantes en otros municipios. En Paz de Ariporo, específicamente en el sector de Montañas del Totumo, habitantes reportaron el 5 de agosto la aparición de grafitis con siglas de las FARC en la sede de Súper Giros y una vivienda de la carrera 7 con calle 3. Los mensajes, pintados durante la madrugada, generaron inmediata alarma entre los residentes del caserío, quienes exigieron pronta respuesta de las fuerzas militares.
Pero quizás el caso más grave ocurrió en Monterrey, donde circuló un panfleto atribuido al grupo «Renacer Erpac» que establece un inquietante «programa de limpieza social». El documento, de lenguaje crudo y directo, enumera cuatro blancos principales: establecimientos de microtráfico, centros de prostitución, prestamistas informales («gota a gota») y carniceros acusados de hurto de ganado. Lo más alarmante son los plazos perentorios: 24 horas para que los señalados «regularicen su situación» bajo amenaza de «consecuencias letales».
Las autoridades han reiterado constantemente a la ciudadanía que no ceda ante las presiones de estos grupos, catalogados como delincuencia común. Sin embargo, persisten los ataques sicariales en varios municipios y las amenazas contra la población. Los operativos judiciales para desarticular estas estructuras han sido esporádicos y, hasta ahora, no han logrado reducir significativamente su impacto en las comunidades.