Habitantes de calle en Yopal, entre el fantasma de un desacato judicial y la falta de recursos.
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El Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías emitió en octubre de 2019 un fallo de tutela que obliga a la Alcaldía de Yopal y a la Gobernación de Casanare a implementar un programa piloto de atención integral.
Esta disposición legal exige la creación de un centro transitorio con componentes de salud, desarrollo humano y capacitación laboral, pero la orden permanece estancada mientras la población vulnerable sigue deambulando por las avenidas de la capital.
Desde el gobierno local, el secretario Jorge Andrés Rodríguez ha calificado la orden judicial como desproporcionada y difícil de ejecutar bajo las actuales condiciones financieras del municipio. Según el funcionario, la ciudad no cuenta con los recursos económicos para la construcción ni para el costoso sostenimiento permanente que requiere un equipo interdisciplinario de profesionales, alimentación y servicios públicos.
Rodríguez sostiene que un centro transitorio no garantiza el retiro definitivo de estas personas de la vía pública, ya que no se les puede retener contra su voluntad, y argumenta que nadie está obligado a cumplir con lo imposible cuando el presupuesto es limitado.
La presión ciudadana se intensifica ante casos críticos como el de un hombre con tuberculosis que solo recibe ayuda por la voluntad de sus vecinos ante la aparente indiferencia estatal.
Este clima de tensión social se vio agravado por un fuerte cruce de declaraciones con el alcalde de Arauca, Juan Quenza, a raíz de las acusaciones sobre el supuesto traslado de personas en situación de calle entre ambas jurisdicciones.
Mientras en Yopal se sugiere que la inseguridad aumenta por habitantes llegados de otras regiones, el mandatario araucano respondió con un tajante llamado a la gestión interna, subrayando que su labor se limita al control poblacional y la rehabilitación de sus propios conciudadanos sin afectar a municipios vecinos.
A pesar de existir un fallo judicial que ordena a las autoridades municipales y departamentales la implementación de un albergue para estas personas, muchos ciudadanos se preguntan por qué se debe destinar un importante recurso en atender a un grupo que solo le ha hecho daño a la misma sociedad.
