Hoy podría ser revocada la elección de la Fiscal General por el Consejo de Estado

La elección de la fiscal general de la nación, Luz Camargo, se encontraba en un momento crucial, con rumores crecientes de que la Sección Quinta del Consejo de Estado podría anular su nombramiento. Una ponencia radicada por la magistrada ponente, Gloria Gómez Montoya, sugería esta posibilidad, y todo indicaba que el fallo se produciría prontamente.

La situación ponía en vilo el futuro de la funcionaria, quien ya había cumplido el primero de los cuatro años de su periodo.

La raíz de la controversia residía en varias demandas presentadas ante el Consejo de Estado que cuestionaban la legalidad del proceso eleccionario. Se acumularon cuatro demandas principales que coincidían en los argumentos centrales. Uno de los puntos álgidos señalados por los demandantes era la forma en que la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo la elección.

Específicamente, se argumentaba que la Corte eligió a Camargo de una terna que se había desintegrado, pasando a ser una «dupla», debido a la renuncia de Amelia Pérez pocos minutos antes de la votación.

Los demandantes sostenían que, ante la renuncia, el deber de la Corte Suprema era comunicar al presidente la desintegración de la terna para que este pudiera sustituir a la candidata saliente. Al no hacerlo y proceder con la elección de una terna incompleta, se alegaba que se habían transgredido principios como la moralidad administrativa, la seguridad jurídica, la legalidad y la confianza legítima.

La renuncia de Amelia Pérez Parra, presentada de manera irrevocable a la Corte Suprema el 12 de marzo de 2024, fue un hecho clave que, según las demandas, dejaba la terna «descompuesta». El Consejo de Estado, en precedentes, había reconocido que situaciones como la renuncia justificaban la sustitución de un integrante de la terna para elegir fiscal.

Otro argumento de peso en algunas demandas cuestionaba la conformación misma de la terna por parte del presidente. Se señalaba que el presidente Petro presentó una terna inicial el 2 de agosto de 2023, compuesta por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2023, se presentó una nueva terna manteniendo a Buitrago y Pérez, e incluyendo a Luz Adriana Camargo en lugar de Amparo Cerón. Una demanda alegaba que este cambio era ilegal porque, para modificar o reemplazar a un integrante, era necesario el consentimiento de quienes conformaban la terna, y al enviar un nuevo nombre sin la «anuencia» de la persona excluida, el acto emanaba ilegalidad. Otra demanda señalaba que el cambio de terna posterior a su envío a la Corte Suprema careció de justificación.

En respuesta a estas demandas, la Presidencia de la República, a través de su apoderado, defendió la legalidad del proceso. Argumentó que la elección se fundamentó en el debido proceso. Respecto a la elección de una terna exclusivamente compuesta por mujeres, la Presidencia sostuvo que no se requería una motivación detallada, ya que la competencia para elaborar la terna es discrecional y ni la Constitución ni la ley prevén un procedimiento específico. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado complementó esta defensa indicando que el presidente actúa en un ámbito de autodeterminación reforzada y podía postular solo mujeres como una medida afirmativa. En cuanto a la elección con la terna incompleta, la Presidencia alegó que la renuncia de Pérez se presentó solo 30 minutos antes de la decisión.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a Luz Camargo el 12 de marzo del año anterior en una sesión extraordinaria, con 18 votos. En esa terna también estaban Ángela Buitrago y Amelia Pérez. Pérez renunció momentos antes de la votación, sintiendo afectada su dignidad por trinos de su esposo que criticaban a la Corte y la Fiscalía, y que en redes le atribuyeron responsabilidad a ella. El entonces presidente de la Corte, magistrado Gerson Chaverra, desestimó las dudas jurídicas por la terna incompleta, calificando la renuncia a diez minutos de empezar la Sala Plena como «completamente inane».

La elección se produjo en un contexto de tensión entre el Gobierno y la Corte, con supuestas presiones presidenciales para una elección pronta. Anteriormente, ninguna candidata había alcanzado los 16 votos necesarios. Tras finalizar el periodo de Francisco Barbosa, con quien el presidente tuvo múltiples choques, asumió como fiscal encargada Martha Mancera.