
El representante a la Cámara por Casanare, Hugo Archila, radicó un muy importante proyecto de ley, que busca establecer parámetros estrictos y acabar con la improvisación en los procesos de paz que adelante el Gobierno Nacional, con grupos armados y estructuras de delincuencia organizada.
Desde el Capitolio Nacional, Archila Suárez fue enfático al declarar que con esta iniciativa “se acaba la recocha en los procesos de paz”. Su propuesta pretende que el Estado colombiano cuente con reglas claras, plazos definidos y un control estricto durante cualquier negociación, evitando así los caminos sinuosos y las concesiones ambiguas que han caracterizado algunos diálogos del pasado.
El núcleo de la propuesta establece que las negociaciones solo podrán llevarse a cabo con aquellos actores que demuestren de manera tangible una verdadera voluntad de paz y un sometimiento irrevocable a la justicia.
El proyecto coloca a las víctimas en el centro del proceso, con la firme intención de garantizar que no haya espacio para la impunidad y que su derecho a la verdad, la reparación y la justicia sean innegociables.
El documento, de autoría del congresista liberal, está construido sobre principios rectores inquebrantables: legalidad, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. El objetivo final es que estos mecanismos dejen de ser percibidos como una simple herramienta política y se conviertan en un instrumento robusto que deliver resultados concretos y verificables para toda la sociedad colombiana.
Archila sentenció que un proceso de paz jamás puede convertirse en un negocio para legalizar el crimen y la impunidad. Su visión, plasmada en el articulado, es que estas negociaciones sirvan para desarticular de manera definitiva las estructuras criminales, devolviéndole así la confianza a un país cansado de la violencia y ansioso por una paz estable y duradera.