Incertidumbre en Yopal por retiro de Concejales ponentes en proyecto de aumento salarial. ¿Aumentos justos o clientelismo?.
Claudia Villada 
Los concejales Reinaldo José Medina Ángel y Andersson Carrillo Pinzón sostuvieron que su distanciamiento de la ponencia del Proyecto de Acuerdo 012 responde a una necesidad de blindar su ejercicio público ante posibles vicios legales.
Tras ser denunciados penal y disciplinariamente por la secretaria de infraestructura de la ciudad, los cabildantes argumentaron que actuar como ponentes en una iniciativa donde la denunciante es la autoridad ejecutora representaría un riesgo jurídico inminente para sus credenciales.
Medina Ángel explicó que la determinación se precipitó tras recibir advertencias técnicas minutos antes de iniciar la plenaria, lo que le obligó a modificar un oficio de renuncia previo de manera apresurada para evitar lo que calificó como un enredo legal mayor. Ambos servidores recalcaron que su postura no busca sabotear los beneficios para los trabajadores, sino evitar que una decisión administrativa mal fundamentada los exponga a procesos judiciales extensos que podrían durar hasta cuatro años.
En medio de este estancamiento administrativo, la organización sindical ASOMÉRITOS CASANARE intervino mediante una petición formal dirigida a la mesa directiva del Concejo Municipal de Yopal. Janeth Correa Vargas, presidenta de la asociación, solicitó claridad inmediata sobre si la renuncia de los ponentes originales fue aceptada formalmente y exigió la designación urgente de nuevos encargados para no dilatar más el proceso legislativo.
El sindicato enfatizó que este acuerdo es fundamental para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos de la administración central, contemplando un incremento del siete punto cinco por ciento con efectos retroactivos desde el primer día de enero de este año. La demora en el trámite, según advirtieron los líderes laborales, golpea directamente la estabilidad económica de los servidores que dependen de este ajuste para cumplir con los acuerdos colectivos suscritos previamente.
Sin embargo, el trámite legislativo no solo enfrenta obstáculos procedimentales y choques entre funcionarios, sino también crecientes cuestionamientos sobre la naturaleza de las cifras propuestas en el documento.
Ha circulado información de carácter extraoficial que señala que los salarios para ciertos cargos técnicos podrían promediar los cuatro millones de pesos mensuales, una vez se apruebe el ajuste salarial este monto será aun más alto, lo que ha despertado suspicacias entre diversos sectores locales consultados, quienes advierten sobre un posible despropósito fiscal para las arcas del municipio.
La sombra del clientelismo planea sobre el debate presupuestal, sugiriendo que estos incrementos desproporcionados podrían funcionar como una estrategia política para asegurar lealtades electorales de cara a los próximos comicios regionales.
