Influencer CETA Enfrenta multa y proceso judicial por ignorar orden de clausura de urbanización ilegal en Yopal
Claudia Villada
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El conocido influencer y promotor de proyectos urbanísticos, identificado como CETA, enfrenta sanciones económicas y consecuencias jurídicas tras desconocer de manera flagrante una medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Casanare.
El caso central gira en torno al proyecto denominado Prado Verde, ubicado en el corregimiento de La Chaparrera, proceso urbanistico que estaria relacionado con una investigacion bastante avanzada que involucraria a un funcionario publico de la Alcaldia de Yopal.
La providencia judicial, emitida con el objetivo de frenar las prácticas de urbanismo ilegal en el departamento, había instruido específicamente a la Alcaldía Municipal de Yopal para que procediera con la clausura de desarrollos irregulares.
Pese a que las autoridades municipales ejecutaron la orden de clausura, CETA continuó de manera deliberada con las actividades de construcción, incluyendo el hincado de postes para cercas y la individualización de lotes, acciones que violaban explícitamente el mandato judicial.
Este desacato no solo agrava su situación legal, sino que también revela la participación presunta de al menos un funcionario público en el desarrollo del proyecto, un hecho que ya es objeto de una investigación penal separada.
Como respuesta inmediata a este incumplimiento, el tribunal impuso una multa cuantiosa al influencer y promotor. El caso de Prado Verde no es aislado, sino que forma parte de una problemática extensa de urbanizaciones irregulares en el municipio que han infringido normas ambientales y de planeación territorial.
La administración Municipal de Yopal ya ejecutó una acción concreta al sellar el predio del proyecto La Selvita, una urbanización impulsada por el exalcalde Jhon Jairo Torres, quien actualmente cumple una condena por su condición de urbanizador ilegal. Sin embargo, existe una aparente parálisis en el procedimiento contra otros actores de mayor envergadura.
Destaca especialmente el caso de la inversora Maruz, una firma a la que se le atribuye más de quince proyectos solo en el municipio de Yopal, ninguno de los cuales contaría con la documentación legal completa requerida.
Estas empresas inmobiliarias no solo son investigadas por la presunta captación ilegal de dinero, sino también por graves afectaciones ambientales, incluyendo la deforestación de decenas de hectáreas y el movimiento masivo de tierras sin contar con las licencias ambientales respectivas.
La falta de una intervención firme contra estos proyectos consolida un patrón de impunidad que preocupa a las autoridades judiciales y ambientales.
