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En un esfuerzo por optimizar la operatividad de la Fuerza Pública y mejorar las condiciones de reclusión en la capital de Casanare, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) iniciará el traslado de las personas privadas de la libertad (PPL) que actualmente se encuentran en la estación de policía de Yopal.
Actualmente, la estación de policía de Yopal alberga a 141 personas en condición de sindicadas. Según el secretario de Gobierno Municipal, Jorge Andrés Rodríguez, esta situación obliga a que aproximadamente 16 uniformados se dediquen exclusivamente a labores de custodia en las carceletas, en lugar de prestar servicios de vigilancia y patrullaje en las vías de la ciudad.
Con el traslado de la totalidad de los detenidos al INPEC, se busca eliminar la carga administrativa y de seguridad que pesa sobre la Policía Nacional, permitiendo que estos agentes regresen a sus labores operativas.
La administración municipal ha proyectado la suscripción de un convenio por 800 millones de pesos con el INPEC para formalizar este traslado. Aunque la Ley de Garantías ha impedido la firma inmediata del contrato, el instituto ha manifestado su disposición de empezar a recibir a los detenidos mediante una carta de intención.
Este acuerdo representa un alivio financiero significativo para Yopal. Bajo la normativa vigente de 2024, el municipio es responsable de la alimentación de los sindicados, un gasto que ascendería a 3.800 millones de pesos anuales. Al concretar el convenio con el INPEC por una fracción de ese costo, la ciudad lograría un ahorro cercano a los 3.000 millones de pesos.
El traslado también responde a preocupaciones sobre la falta de infraestructura adecuada en las estaciones de policía, lo que ha facilitado hechos de corrupción y privilegios indebidos. Se han reportado casos, como el del delincuente conocido como «Río Sucio», quien se grabó celebrando su cumpleaños con un teléfono celular dentro del centro de reclusión transitoria. El secretario Rodríguez enfatizó que el INPEC es la entidad especializada y capacitada para ejercer un control riguroso sobre la población carcelaria.
Una de las novedades del acuerdo es la prioridad que se dará a los agresores de mujeres. Actualmente, existen órdenes de arresto por violencia intrafamiliar que no han podido ejecutarse por falta de espacio, pero se espera que este mes se materialicen las primeras 15 órdenes gracias al apoyo del INPEC.
Finalmente, la administración busca que este proceso no sea solo de reclusión, sino de resocialización. La meta es que las personas privadas de la libertad puedan retribuir a la sociedad realizando trabajos de mejora en escuelas y calles de la ciudad, evitando que su permanencia en el sistema sea meramente pasiva.
