Claudia Villada 
Un escándalo de graves proporciones judiciales amenaza con golpear a la administración municipal de Yopal.
José Orlando Hernández Pérez, funcionario activo y quien aún se desempeña como Inspector urbanístico Técnico en la Secretaría de Planeación, fue condenado penalmente por el delito de estafa, decisión que quedó en firme el pasado 19 de febrero de 2025, pero el funcionario sin el más asomo de vergüenza ha continuado ejerciendo sus funciones públicas sin que, al parecer, sus superiores administrativos tomaran medida alguna, a pesar de que la sentencia incluye una inhabilidad para ocupar cargos públicos por 40 meses.
El caso, que se remonta a más de una década y revela un entramado de engaños que culminó con una condena en firme que hoy pone en jaque todos los procedimientos urbanísticos adelantados por este “funcionario” dentro de la administración municipal.
La cronología de una estafa planificada
La historia comenzó el 25 de noviembre de 2011, cuando Hernández Pérez, valiéndose de la confianza generada por su entonces pareja sentimental, le vendió a la víctima, York Lehman Cortés Peña, un lote de 2.000 metros cuadrados en la vereda La Patimena, por un valor inicial de $20 millones de pesos. La fiscalía y los jueces determinaron que, desde el inicio, el funcionario utilizó «artificios y engaños» para inducir en error a la víctima.
A lo largo de los años siguientes, Hernández Pérez continuó su plan:
• 2012: Exigió un pago adicional de $5 millones, argumentando un supuesto aumento en el metraje del lote a 2.500 metros cuadrados, elevando el total pagado por la víctima a $25 millones.
• 2014: Simuló la protocolización de las escrituras en la Notaría Primera de Yopal, donde la víctima pagó los derechos notariales. Sin embargo, el funcionario se quedó con los recibos y el trámite nunca se completó.
• En agosto de 2015: El engaño quedó al descubierto. La víctima visitó el terreno y lo encontró ocupado por otra persona. Al confrontar a Hernández Pérez, este admitió haberlo vendido a alguien más. Además, se descubrió que el predio estaba embargado. Cansado de las mentiras, Cortés Peña instauró la denuncia ante la fiscalía de esta ciudad.
Un largo camino judicial.
El proceso penal avanzó lentamente, pero de manera implacable:
• 31 de mayo de 2024: El Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal dictó sentencia condenatoria, donde le impuso una pena de 40 meses de prisión y, crucialmente, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo período. A pesar de la condena, se le otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena es decir que luego del pago de una caución el condenado queda con algo similar a una libertad condicionada.
• 10 de julio de 2024: La defensa apeló, pero el Tribunal Superior de Yopal confirmó en su totalidad la condena quedando en firme la sentencia.
• 19 de febrero de 2025: Tras un intento fallido de recurso extraordinario de casación, declarado desierto por extemporáneo, la condena quedó en firme. Desde esta fecha, según el registro de antecedentes de la Procuraduría, los efectos jurídicos de la sentencia, incluida la inhabilidad, se hicieron efectivos.
Consecuencias
A pesar de que la inhabilidad para ejercer funciones públicas está vigente desde febrero de 2025, José Orlando Hernández Pérez ha continuado en su cargo como inspector en la Secretaría de Planeación. Esta situación genera graves consecuencias tanto para él como para la administración municipal.
Para el funcionario:
• Responsabilidad Disciplinaria: Al no informar a sus superiores sobre su condena e inhabilidad, podría enfrentar un nuevo proceso disciplinario por violar su deber legal de reportar antecedentes que le impiden ejercer el cargo.
• Posible Revocatoria del Beneficio: El no acatamiento de las obligaciones impuestas en la sentencia podría llevar a que un juez de ejecución de penas le revoque la suspensión condicional de la pena, lo que significaría que tendría que cumplir los 40 meses de condena en prisión.
• Detrimento Patrimonial: Al recibir un salario del municipio sin tener la capacidad legal para desempeñar el cargo, estaría generando un perjuicio económico a la administración municipal, lo que se configuraría como un detrimento patrimonial. Por lo tanto, la lógica jurídica indica que deberá reintegrar este dinero a las arcas del municipio.
- Que sea acreedor a una nueva denuncia por los posibles delitos de fraude a resolución judicial, prevaricato por acción, abuso de autoridad, falsedad personal entre otro sin numero de delitos por actuar como inspector urbanístico de manera dolosa estando inhabilitado para ejercer cargos públicos
Para la Administración Municipal:
• Crisis de Confianza Pública: Mantener en un cargo de autoridad a una persona condenada por estafa y legalmente inhabilitada erosiona gravemente la confianza de los ciudadanos en la Alcaldía de Yopal.
• Nulidad de Actos Administrativos: Todos los actos administrativos sancionatorios en los que participo, como también en los conceptos entregados a la secretaria de planeación, entre ellos, licencias o autorizaciones que Hernández Pérez haya firmado como inspector desde el 19 de febrero de 2025, podrían ser declarados nulos, generando un caos jurídico y administrativo para los ciudadanos y proyectos afectados, generando a su vez posibles demandas por perjuicios contra la Alcaldía de Yopal.
• Posibles Responsabilidades para sus Superiores: La omisión de retirar del cargo a un funcionario inhabilitado, una vez enterados de la situación, podría acarrear investigaciones disciplinarias o incluso penales para los responsables en la Alcaldía por posible prevaricato por omisión u otras faltas.
- También se genera la obligación del alcalde como de la secretaria de planeación del municipio en denunciar penalmente a este funcionario por los delitos de fraude a resolución y todos los mencionados anteriormente y de no hacerlo, los funcionarios estarían en curso del posible delito de omisión de denuncia lo que les podría generar la perdida del cargo como alcalde y secretaria de planeación.
La oficina jurídica de la Alcaldía ha manifestado que no tenía conocimiento del fallo, argumentando que se trató de un «tema entre privados» y que el juzgado no les notificó, situación que se verán en la obligación de demostrar en estrados judiciales.
Aseguran estar «adelantando las actuaciones administrativas» correspondientes, pero admiten que la falta de un pronunciamiento explícito del juez sobre la pena accesoria generó «duda» en Talento Humano. Este argumento es visto por algunos juristas consultados como «evasivo» y un intento de «desligar a la administración de cualquier responsabilidad».
Para agravar aún más la situación, y según las fuentes consultadas, el predio original del cual se desprendió el objeto de la estafa pertenecía a su madre, Floralba Pérez Pérez, y a él mismo, ubicado en la vereda Patimena y conocido hoy como «Prado Verde».
Lo que resulta alarmante es que, presuntamente, en su calidad de inspector urbanístico de la Secretaría de Planeación, él mismo habría autorizado el desenglobe de este predio familiar para lotearlo y facilitar la creación de una urbanización, sin declararse impedido como lo exige la ley.
Este presunto acto no solo constituiría un claro conflicto de intereses, sino que también arroja dudas sobre la legalidad de los proyectos urbanísticos aprobados bajo su supervisión y la posibilidad de un gran fenómeno de corrupción al interior de esta secretaria.
Mientras la burocracia decide cómo actuar, un hombre condenado por engañar a un ciudadano sigue tomando decisiones que afectan a toda una ciudad, dejando una pregunta en el aire: ¿quién vigila a los que vigilan?
