Invías tiene un año para construir el puente sobre el río Ariporo según sentencia judicial.
Prensa
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En sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Casanare, se ha ordenado al Instituto Nacional de Vías (Invías) y al Consorcio Vías Nacionales tomar medidas inmediatas para abordar el colapso del Puente Eduardo Román Bazurto, que dejó incomunicados a los habitantes de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo en Colombia. Esta sentencia responde a una acción popular presentada por Jorge Enrique Pérez Cáceres y aborda múltiples violaciones de derechos colectivos.
El tribunal declaró la vulneración y amenaza de derechos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos y su eficiencia, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y los derechos de los usuarios, debido al colapso del puente que había afectado gravemente a la comunidad.
Para garantizar la protección de estos derechos, el tribunal ordenó al Invías y al Consorcio Vías Nacionales tomar las siguientes medidas:
1. Culminar el estudio para la construcción de un nuevo puente sobre el Río Ariporo en un plazo de 2 meses a partir de la ejecutoria de la sentencia.
2. Modificar el Contrato 978 de 2021 o realizar un nuevo procedimiento contractual para la construcción del puente dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo anterior.
3. Otorgar un año a partir del vencimiento del plazo anterior al Invías y a la entidad seleccionada para construir el nuevo puente sobre el Río Ariporo. Ambos deberán adoptar estudios y medidas para mitigar los riesgos relacionados con las crecientes del río.
La sentencia también exhorta a CORPORINOQUIA para que continúe cumpliendo con sus funciones y proporcione informes trimestrales sobre la posible afectación de derechos relacionados con la construcción del nuevo puente. El primer informe deberá entregarse dentro de los 4 meses posteriores a la ejecutoria del fallo.
Esta decisión judicial busca garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad afectada por el colapso del Puente Eduardo Román Bazurto y restablecer la conectividad esencial entre los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.
