Judicializan a cuatro presuntos miembros de las FARC infiltrados en empresa petrolera por secuestro y extorsión a empleados de consorcios.
Claudia Villada 
Cuatro presuntos extorsionistas que aterrorizaban a trabajadores petroleros en el Meta fueron enviados a la cárcel. La Fiscalía los identifica como una red que, desde dentro de las empresas, obtenía información para secuestrar y cobrar rescates, destinando los recursos a financiar a las disidencias de las Farc.
Los ahora procesados son Hernán Leandro Pineda Veloza, José del Carmen Carrillo Rojas, Alexander Rodríguez Acosta y Libardo Guiza Hernández. Su modus operandi se basaba en el conocimiento interno. Al haber trabajado antes para las compañías, conseguían datos precisos sobre contratos millonarios en zonas como Puerto Gaitán. Luego, usando ese conocimiento como ventaja, extorsionaban a los actuales empleados con amenazas.
El caso más grave que se les atribuye involucra directamente a Carrillo Rojas. Según las autoridades, en septiembre de 2024 participó en el secuestro de dos empleados de un consorcio petrolero.
Los trabajadores fueron retenidos durante dos días en una zona rural de difícil acceso llamada Altos de Tillava. La libertad tuvo un precio: sus familias tuvieron que enfrentar la exigencia de 60 millones de pesos por parte de los captores.
El objetivo final de estos presuntos delitos, de acuerdo con la Fiscalía, era surtir de dinero al Frente 39 ‘Arcesio Niño’, una estructura disidente de las antiguas Farc. Esto convierte a los capturados no solo en extorsionistas, sino en presuntos colaboradores directos del financiamiento de un grupo armado.
Frente a estas acusaciones, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales formuló cargos por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y secuestro extorsivo. Los cuatro hombres se declararon inocentes, pero un juez consideró que existían suficientes elementos probatorios para ordenar su reclusión en centro carcelario durante la investigación.
