Juez envió a la cárcel a agente de tránsito y advierte que ofrecer dinero a un funcionario también es un delito grave.
Claudia Villada
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La Juez Primera Penal Municipal de Yopal, con funciones de control de garantías, ordenó la detención preventiva en centro carcelario de Gonzalo Vergara Salamanca, agente de tránsito acusado de exigir dinero a un conductor para alterar una prueba de alcoholemia.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la juez analizó los argumentos de la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público, concluyendo que existían pruebas suficientes para inferir su responsabilidad en el delito de concusión. Entre los elementos presentados se incluyeron grabaciones en las que Vergara Salamanca mencionaba la manipulación de la prueba con la presunta complicidad de una médica de Medicina Legal, a cambio de dinero.
La juez determinó que el acusado representaba un riesgo para la investigación, ya que, debido a su cargo y conexiones, podría interferir en el proceso. Además, señaló que debido a que aun no ha sido destituido de su cargo y sigue siendo funcionario público, podría ser convocado en cualquier momento a laborar y debido a la alta tasa de accidentes de tránsito en Yopal, facilitaba la incurrencia en este tipo de actividades ilícitas. Por ello, consideró que una medida no privativa de la libertad sería insuficiente para garantizar la transparencia del caso.
La defensa solicitó detención domiciliaria argumentando que las pruebas ya estaban en poder de la Fiscalía y no podían ser alteradas. Sin embargo, la juez negó esta petición, señalando que la investigación podría revelar nuevos casos de corrupción dentro de la entidad, y que el acusado podría eliminar evidencia que aún no ha sido detectada. También recordó que el Código de Procedimiento Penal prohíbe la detención domiciliaria para el delito de concusión.
En cuanto a la médica identificada como Lina Maricela Olivares Calderón, quien seria la profesional que realizó la prueba de alcoholemia, la juez ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las presuntas conductas delictivas en las que pudo haber incurrido Olivares Calderón.
Esta decisión se basó en el acervo probatorio presentado por la fiscalía, particularmente las grabaciones, que sugerían un posible acuerdo entre Vergara Salamanca y la médica para manipular los resultados de la prueba de alcoholemia a cambio de dinero; de igual forma, en dicho audio, la voz de quien es identificado preliminarmente como la de Vergara Salamanca, se refería a la médica como «amiga» o «parcera» y afirmaba que ella le «colaboraría»; también hace referencia a la presunta existencia cuotas pre establecidas para la realización de estas diligencia, e incluso alcanza a mencionar que hay funcionarios de Medicina Legal y del Hospital Regional de la Orinoquia que presuntamente estarían involucrados, lo que permite inferir a la Juez de la existencia de una red dedicada a la alteración de resultados de pruebas y exámenes medicolegales.
La juez hizo especial mención a un aparte de dicha grabación, donde Vergara Salamanca manifestó textualmente que “Lo único chéver que uno tiene es el poder, porque la camisa abre puertas”, lo que le indica que el Agente de tránsito podría ejercer influencia sobre otros funcionarios.
Otro elemento clave en el caso es la denuncia de Eduard Andrés García, quien declaró que el agente de tránsito le exigió $2 millones con la amenaza de modificar su prueba de alcoholemia para que resultara positiva. Según su testimonio, el funcionario le advirtió sobre las consecuencias que esto implicaría, como la inmovilización de su vehículo, una cuantiosa multa y la suspensión de su licencia de conducción, induciendolo a pagar la cantidad exigida, manifestándole además, que la mitad era para la médica y la otra mitad para él y su compañero, funcionario que no ha sido identificado dentro del proceso.
Finalmente, la juez advirtió que García podría pasar de denunciante a sindicado, ya que ofrecer dinero a un funcionario para evitar un procedimiento legal también es un delito grave. La Fiscalía analiza un video viral en redes sociales en el que García aparece en aparente estado de embriaguez el día del accidente, la cual al parecer fue incluida como prueba en el proceso.
