La Contraloría revela la «enfermedad institucional» de la ineficiencia en los Llanos Orientales.
Claudia Villada 
La Contraloría General de la República ha puesto la lupa sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en la región de los Llanos, revelando un panorama financiero que, más allá de los números fríos, expone una profunda deficiencia en la ejecución de obras esenciales para las comunidades. Desde 2022 hasta 2025, el organismo de control ha consolidado hallazgos fiscales que superan los 630.000 millones de pesos solo en esta área de la geografía nacional, derivados de 188 hallazgos relacionados con fondos del SGR.
Detrás de cada cifra recuperada y cada actuación de control, el Contralor General ha sido enfático: los recursos de las regalías no le pertenecen a los gobiernos, sino que son patrimonio directo de las comunidades, y su uso indebido no puede quedar impune. Estos hallazgos no son solo estadísticas, sino «síntomas de una enfermedad institucional que se llama ineficiencia».
Magnitud del Despilfarro y la Mala Planeación
La vigilancia de la Contraloría ha sido exhaustiva en la región, donde se registran más de 4.322 proyectos aprobados por un monto que asciende a 23.8 billones de pesos. El trabajo de auditoría, llevado a cabo entre 2022 y 2025, ha cubierto 278 proyectos por un valor de 4 billones de pesos. Departamentos como Meta, con 1.7 billones, y Casanare, con 993.000 millones, han liderado este ejercicio de fiscalización.
La preocupación central del ente de control recae en la recurrente mala planeación de los proyectos y su estructuración sin un verdadero sostenimiento, lo que impide que las obras cumplan los objetivos para los cuales se solicitaron los recursos. A nivel nacional, la Contraloría ha auditado más de 600 proyectos por 6.8 billones, identificando más de 1.100 hallazgos por cuantías superiores a 3 billones de pesos en el periodo mencionado.
El Costo Social del Abandono
La carga más pesada de estos hallazgos se concentra en los departamentos del Meta, que es el mayor receptor de recursos, seguido de Casanare y Arauca. Las comunidades esperan que los recursos se traduzcan en una escuela en condiciones dignas, una obra terminada o un acueducto funcional.
Lamentablemente, hay ejemplos dolorosos que ilustran esta falencia. En Arauca, la Contraloría destacó un fallo de responsabilidad fiscal que supera los 16.000 millones de pesos. Este monto está ligado al proyecto de construcción de la segunda etapa del complejo ferial del municipio. La auditoría reveló que la obra se encuentra en un desolador estado de abandono, una consecuencia directa de la palpable falta de supervisión, vigilancia, seguimiento y control por parte de la entidad territorial y la interventoría. La ausencia de una exigencia efectiva del cumplimiento contractual ha derivado en que el complejo no esté culminado y, peor aún, no reúna las condiciones técnicas ni funcionales necesarias para prestar un servicio adecuado a la gente.
Además, se han detectado graves problemas en los sistemas de potabilización de agua desarrollados en Meta y Arauca. Estos proyectos vitales simplemente no cumplen con su propósito, y los resultados de la calidad del agua no satisfacen los indicadores mínimos para el consumo humano.
La Contraloría General de la República enfatiza que su labor busca, con rigor y técnica, revelar dónde el gasto público no cumple su propósito y asegurar que se corrijan y eliminen las problemáticas que obstaculizan la materialización de la inversión.
