
Las autoridades de control activaron una profunda investigación tras la prolongada parálisis que afectó la construcción del Centro de Salud de Trinidad en Casanare. La Fiscalía General de la Nación procedió con la iniciación de procesos penales contra el Consorcio que se comprometió con la construcción y a aquellos funcionarios que resultaran involucrados en el significativo retraso del proyecto.
Esta acción surgió luego de que la Contraloría realizara un acompañamiento y compulsa de copias a las instancias correspondientes, garantizando que el seguimiento al desarrollo del proyecto fuera integral.
La gravedad de la situación se centró en la paralización que experimentó el proyecto de infraestructura. Se confirmó que la suspensión de las obras se extendió por un periodo de 16 meses, un lapso que, según las autoridades, significó un daño considerable: la pérdida de ese tiempo y de una gran cantidad de recursos. El proyecto, crucial para la salud pública, se financiaba con delicados fondos provenientes del Sistema de Regalías.
En el momento en que se decretó la suspensión, el avance físico de la obra no alcanzó siquiera el 2%. Este error se atribuyó, lamentablemente, a fallas de diseño y de planeación en la ejecución de la obra pública.
Ante este panorama, la Fiscalía tomó acciones concretas: funcionarios de la entidad estuvieron presentes en el sitio, cumpliendo con la toma de declaraciones de las partes involucradas. Estos procesos judiciales se orientaron a determinar la existencia de posibles irregularidades y los respectivos hallazgos fiscales, que son materia de investigación penal.
A pesar del prolongado estancamiento, la entidad de salud logró retomar el impulso necesario para reactivar el proyecto. Sin embargo, la reanudación exigió ajustes administrativos complejos. Fue indispensable reponer el tiempo que se perdió, lo que forzó una reprogramación completa de las fechas de culminación. Adicionalmente, se hizo necesaria la inclusión de más recursos y un ajuste presupuestal, un proceso que al momento de la reactivación continuaba en etapa de revisión y análisis con la planeación departamental.
Las investigaciones de este tipo, a menudo, pueden extenderse por muchísimos años, robando la estabilidad personal y familiar de los servidores públicos, incluso después de que estos hayan dejado su cargo.