
La paciencia de la sociedad civil en Casanare parece agotarse ante lo que Alexis Bohorquez, director del Área Jurídica de Unitrópico, ha descrito como una «pereza institucional» que frena el proceso de internacionalización del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal.
Durante un reciente encuentro convocado por la Veeduría EYP Internacional, con autoridades como la Aeronáutica Civil, la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare, Bohorquez, que desde la academia monitorea de cerca este vital proyecto, puso los «puntos en las íes», argumentando con vehemencia que no se trata de buenas intenciones, sino del estricto cumplimiento de una ley de la República.
El jurista fue enfático al recordar a los presentes que la Ley que ordena la internacionalización del aeropuerto, estableció plazos perentorios y responsabilidades que no admiten interpretación ni estudios adicionales para su ejecución.
La norma es clara, la apertura de la operación internacional es de cumplimiento inmediato y no está sujeta a estudios de mercado ni a voluntades.
Los únicos estudios requeridos se refieren al traslado de la dirección regional de la Aerocivil, una distinción crucial que, según Bohorquez, las autoridades parecen confundir o ignorar. La ley también contempló la adecuación de infraestructura desde 2022 hasta 2024, la designación del Alcaraván como centro de suministro de combustible para aeronaves, y su rol como interconexión para los Llanos, la Amazonía y otros destinos del país y del exterior, incluso como aeropuerto internacional de carga y transporte.
Bohorquez desmintió la noción de que la ley solo otorgaba un año para la operación, explicando que el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en 2023, ya incluía el proyecto de internacionalización del Alcaraván como estratégico, tanto a nivel nacional como departamental, ampliando el horizonte temporal.
Lamentablemente, de los cuatro informes que debían haberse emitido en un lapso de doce meses, solo se han presentado tres, y todos ellos fuera de tiempo, evidenciando una falta de compromiso con los términos establecidos.
Una de las objeciones recurrentes mencionaba la falta de personal policial o migratorio. Sin embargo, Bohorquez subrayó que la ley no pide que las autoridades «colaboren» si pueden, sino que «colaborarán», una orden directa para disponer del personal suficiente para aduanas, migración, sanidad pública y Policía Nacional.
En cuanto a los recursos, el presupuesto está asegurado. La ley faculta al Gobierno Nacional para mover y trasladar fondos de donde sea necesario, incluyendo el Sistema General de Regalías y el presupuesto general de la nación, anulando cualquier excusa presupuestaria.
Aunque la resolución que categoriza al Aeropuerto El Alcaraván como internacional fue emitida el 6 de agosto de 2024, el nombre oficial del aeropuerto sigue siendo simplemente «El Alcaraván», lo que el jurista señaló como una muestra de la lentitud administrativa para asumir el nuevo estatus; incluso manifestó que “Tocará hacer una vaca para cambiar el letrero del aeropuerto”
La falta de avance en este proyecto, que ha contado con estudios desde hace más de una década confirmando su viabilidad como aeropuerto de carga internacional, no solo representa un incumplimiento legal, sino que también impide la llegada de recursos y la generación de empleos directos e indirectos, un golpe para el desarrollo de Casanare y departamentos vecinos como Vichada, Guainía y Vaupés.
La sociedad civil se vio obligada a organizarse e intermediar, lo que según Bohorquez, jamás debió haber sucedido si la administración hubiera actuado con la celeridad que la norma exigía.
Los compromisos adquiridos por Carlos Andrés Jaramillo director de Aerocivil se resumen en mesa de Trabajo Permanente para realizar un “estudio de mercado” que defina inversiones, operaciones para pasajeros, carga y requisitos de infraestructura. Adecuaciones para cumplir con estándares internacionales (Ley 2368 de 2024).
Inversiones en Infraestructura como la adquisición de predios (ej. Remanso, Calle 46) para seguridad y conos de aproximación. Casi $40.000 millones en 2025 para mantenimiento, tecnología de torre de control y ayudas visuales. Reconfiguración urbana (construcción de Calle 48) y reubicación del tráfico.
También se responsabilizó a coordinación con Entidades como Migración Colombia, ICA, DIAN y Aduanas para definir servicios internacionales. Evaluar infraestructura necesaria para mover la sede regional a Yopal.
Cave aclarar que el aeropuerto ya fue declarado internacional; falta implementar operaciones y es precisamente el objeto de las criticas realizadas por Alexis bohorquez, siendo literalmente uno de los autores y asesores externos de esta ley que presentó e impulsó el senador Alirio Barrea en el Congreso de la República, pues al ser una ley de la república es de cumplimiento inmediato y no requiere estudios previos.