Claudia Villada 
En las llanuras de Maní, Casanare, lo que comenzó como la esperanza de una histórica reforma agraria se ha transformado, según denuncian sus propios protagonistas, en un nuevo capítulo de exclusión y despojo.
Los predios El Caimán y Versalles, adquiridos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para beneficiar a campesinos sin tierra y víctimas del conflicto, son hoy el epicentro de una disputa donde la transparencia brilla por su ausencia y el fantasma de los grandes intereses económicos vuelve a acechar al pequeño agricultor.
La irregularidad más flagrante gira en torno a la asociación Asorural, cuya presidenta ha sido señalada de presuntamente expulsar unilateralmente y sin previo aviso a 20 asociados, todos ellos campesinos raizales y víctimas de la violencia en la región. Estos trabajadores, que incluso participaron en las labores de cercamiento de los predios y en proyectos productivos de patilla, se encontraron de la noche a la mañana fuera de los grupos de información y desvinculados de los beneficios de la tierra.
Según los afectados, no hubo debido proceso ni explicaciones claras, solo un silencio administrativo que, al parecer, oculta una realidad más oscura.
El vacío dejado por estos campesinos no ha quedado desocupado. Los denunciantes sostienen que el reemplazo de las familias desposeídas son personas con solvencia económica, «terratenientes disfrazados de campesinos que ya poseen grandes extensiones de tierra y ganado”.
Mientras que la reforma agraria busca garantizar la soberanía alimentaria mediante cultivos de pancoger, en las tierras de Asorural la agricultura parece haber sido desplazada por el alquiler de pastos para ganadería de gran escala, un negocio que presuntamente beneficia a unos pocos y margina al verdadero labriego que busca sembrar yuca y maíz.
A esta problemática se suma una cuestionada estructura jerárquica. Los campesinos denuncian la imposición de una «asociación de segundo nivel» que agrupa a varias organizaciones y que actúa como un filtro económico insalvable.
Para participar con plenos derechos, se les exige el pago de cuotas de inscripción de un millón de pesos y mensualidades de cincuenta mil, cifras astronómicas para familias que viven del jornal diario. Aquellos que, como la asociación Asoagriprom, se han negado a someterse a estas condiciones por falta de recursos o por temor a perder la seguridad jurídica de su tierra bajo el modelo de adjudicación colectiva, denuncian haber sido marginados y hasta amenazados de desalojo.
El descontento crece al ver cómo, mientras los nativos de Maní son excluidos, la ANT ha titulado tierras de forma individual a personas foráneas, provenientes de departamentos como Cesar o Cauca, dejando a las víctimas locales en un limbo jurídico.
Los campesinos expulsados han llevado sus denuncias hasta Bogotá, radicando derechos de petición ante la Agencia Nacional de Tierras, esperando que el gobierno nacional intervenga antes de que la «Tierra del Caimán» termine consolidada como un feudo para los poderosos, traicionando la promesa de devolverle el campo a quienes realmente lo trabajan.
