
El 26 de marzo de 2020, el entonces fiscal general de EE.UU., William Barr, anunció ante la prensa una acusación sin precedentes: Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, era señalado formalmente como líder del denominado «Cartel de los Soles», una estructura de narcotráfico protegida por el Estado venezolano.
Ese día, Maduro dejó de ser reconocido como jefe de Estado para convertirse en un fugitivo internacional con una recompensa millonaria sobre su cabeza.
El documento clave fue el “indictment” emitido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusó de narcoterrorismo. Según las investigaciones, bajo su presidencia, Venezuela habría facilitado el envío de al menos 250 toneladas de cocaína anuales hacia EE.UU, utilizando aviones militares, buques oficiales y rutas protegidas por altos mandos.
El nombre «Cartel de los Soles» proviene de las insignias doradas que portan los generales venezolanos, quienes, según la DEA, operaban como una red criminal a gran escala.
Junto a Maduro, fueron acusados su entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y otros exjefes militares, evidenciando un esquema institucionalizado.
La recompensa de 15 millones de dólares iniciales, se elevó recientemente a 50 millones, una cifra que busca incentivar la delación dentro de su círculo más cercano. La estrategia recuerda casos como el de Manuel Noriega o Sadam Husein, donde las recompensas aceleraron capturas que parecían imposibles.


¿Por qué ahora?
El expediente contra Maduro se construyó durante más de una década, con testimonios de desertores, interceptaciones de cargamentos en altamar y rastreo de vuelos militares sospechosos. EE.UU. no solo busca su captura, sino desmantelar toda la estructura que lo sostiene.
Mientras Maduro sigue en Caracas, protegido por aliados como Rusia e Irán, la historia sugiere que ningún líder acusado por EE.UU. permanece impune para siempre como Husein y Noriega.
La pregunta ahora es: ¿quién romperá el silencio por 50 millones?