Claudia Villada 
En un llamado de atención a los que les gusta “agilizar” los tramites de tránsito, utilizando maniobras para evadir los procedimientos, se convirtió el caso judicial que ha puesto en el ojo del huracán a la escuela de conducción CeaCar.
El pasado 15 de septiembre, un operativo coordinado entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación sacudió la tranquilidad del municipio con la captura de cinco personas vinculadas al centro de enseñanza. La operación incluyó allanamientos e incautación de evidencia en el establecimiento.
La investigación, que arrancó en 2023 a raíz de dos denuncias ciudadanas, apunta a un presunto esquema de expedición de certificados de aptitud para conducir sin que los aspirantes cumplieran con los requisitos legales. Según la Fiscalía, se sospecha que se certificaba a personas que nunca asistieron a las clases teóricas o prácticas, utilizando supuestamente mecanismos para simular su presencia en las plataformas de registro biométrico.
Para armar el caso, el ente acusador se valió de un arsenal de pruebas. Se realizaron interceptaciones telefónicas durante 180 días a dos líneas, una de ellas asociada al representante legal de la escuela, de donde se extrajeron más de seis mil grabaciones. A esto se sumaron declaraciones de agentes encubiertos, testimonios de usuarios y los hallazgos de una auditoría externa. Dicha auditoría reveló inconsistencias en los registros académicos de más de 300 personas, tanto en la parte teórica como en la práctica.
En las audiencias preliminares, celebradas los días 16 y 17 de septiembre, la Fiscalía imputó a los cinco implicados los cargos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad en documento privado. Sin embargo, la defensa cuestionó con firmeza la formulación de los cargos, señalando imprecisiones y posibles vicios de procedimiento en la etapa de las órdenes de captura.
A pesar de que el juez de control de garantías validó formalmente la imputación de la Fiscalía, tomó una decisión inesperada al negar la solicitud de medida de aseguramiento. El juez determinó que no existían pruebas suficientes para justificar la privación de la libertad de los implicados en esta etapa del proceso. Tras esta decisión, las cinco personas fueron puestas en libertad, un hecho que el representante legal de la escuela comunicó a través de sus redes sociales, destacando que la resolución judicial reafirmó su presunción de inocencia.
El caso, sin embargo, está lejos de terminar. Ahora el expediente ha sido trasladado al juzgado de conocimiento de Monterrey, donde se decidirán las apelaciones presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa. Mientras tanto, el coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía en Casanare, advirtió que se solicitará la cancelación administrativa de las licencias que se hayan obtenido de manera irregular. En el operativo también se inmovilizaron 13 vehículos, valorados en más de dos mil millones de pesos, que quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.
Cabe recordar que las personas que pagan con la intención de evadir el cumplimiento de una norma, son cómplices de los posibles delitos en los que incurre cualquier funcionario que se preste para ello, por lo tanto, susceptibles de ser incluidos en los procesos judiciales.
Según lo manifestado por el representante legal a través de sus redes sociales, la decisión se tomó debido a la falta de pruebas que sustentaran, incluso de manera preliminar, su participación en los delitos imputados.
El representante legal de la institución confirmó la liberación de los trabajadores mediante un video difundido en redes sociales, en el que destacó que la resolución judicial reafirmó el derecho a la presunción de inocencia y evidenció la ausencia de elementos probatorios que vincularan al equipo con las irregularidades investigadas.
